08/24/08 2:46 PM - 19 comentarios
En 2012 Felipe Calderón entregará el poder a un gobierno priísta. Entre otras razones porque habrá fracasado en sus promesas de reducir la inseguridad. Estas dos son predicciones respecto a las que uno desearía equivocarse, pero lucen inexorables.
Durante 50 años el PAN hizo una bandera política de la crítica a la corrupción priísta; después de 12 años de gobernar en Los Pinos no sólo habrá desperdiciado la ocasión de hacer algo al respecto; habrá diseminado este cáncer crónico.
La cumbre contra la inseguridad de esta semana tiene nulas posibilidades de resolver el problema de la impunidad. Vamos, la mitad de los firmantes del acuerdo tendrían que estar en la cárcel si las leyes se cumplieran en este país ¿Qué podemos esperar de un pacto firmado por Mario Marín, Romero Deschamps, Elba Esther Gordillo y una docena de gobernadores que ejemplifican, justamente, la vigencia de la impunidad?
Para no ir más lejos, uno de los gobernadores designados para hablar en el acto, como Marco Adame Castillo, de Morelos. En abril de 2006 José Luis Adame Castillo y su hijo Luis Daniel Adame Tapia fueron detenidos, luego de que un ladrón de autos los señaló como sus cómplices. Unas horas más tarde fueron liberados, al conocerse el parentesco con el entonces candidato a la gubernatura del estado de Morelos. Seis meses después, uno de los agentes que participó en la detención recibió una sentencia de 13 años de cárcel, “por abuso de autoridad”, y otros ocho policías más de cinco años. Para entonces Marco Adame Castillo, hermano y tío de los detenidos, ya era gobernador de la entidad. Son estos los mandatarios que ahora exigen honestidad a las policías.
El acto mismo de la “cumbre” derrocha hipocresía. No nos engañemos. Alejandro Martí habla “en nombre de la sociedad civil” porque pertenece a la élite empresarial del país. Mis respetos para un padre de familia que perdió a su hijo en esta tragedia; enhorabuena por su valor para expresar indignación y rechazo ante la negligencia de la autoridad. Pero la señora Miranda de Wallace, que perdió al suyo en condiciones similares, no recibió la atención presidencial, mucho menos las víctimas anónimas de cada día.
La cobertura de Televisa a las palabras de Martí opacó discursos de los mandatarios federal y estatales. “Si no pueden, renuncien”, fue frase aclamada como muestra del “empoderamiento” de la sociedad ante los políticos. Por supuesto que no hay tal. La clase política simplemente está respondiendo, como siempre, a la llamada de exasperación de los dueños del dinero. Por fortuna para toda la sociedad, en esta ocasión su exigencia coincide con la de todos. Pero tampoco podemos ser optimistas al respecto; tengan por seguro que la única meta que habrá de conseguirse es la reducción del número de secuestros, verdadero terror de los empresarios, y quedará intocado el tema de la inseguridad.
Si Calderón va a perder, ¿por qué no hacerlo con dignidad? Ahórrese las cumbres, Presidente: haga de la Secretaría de la Función Pública una aspiradora de la cloaca gubernamental, dedique el capital político que le queda a dar algunos quinazos, a forzar la salida de un par de gobernadores sátrapas, a procesar a media docena de panistas corrompidos. Antes de sanear las filas de las policías tendría que comenzar por sanear las filas de sus verdaderos jefes, esos que asistieron a la cumbre del jueves pasado.
08/16/08 11:17 PM - 18 comentarios
¿Usted confiaría en Ulises Ruiz (Oaxaca), Mario Marín (Puebla), Emilio González Márquez (Jalisco), Fidel Herrera (Veracruz) o Humberto Moreira (Coahuila)? Peor aún ¿Confiaría en las policías judiciales de esos gobernadores? Yo tampoco.
Pues eso es lo que acaba de proponer Marcelo Ebrard para terminar con la inseguridad en el país. El jefe de gobierno del DF ha planteado que sean los gobernadores (la Conago), quienes convoquen a una cumbre nacional que defina el plan para combatir al crimen organizado.
Entre otros puntos, Ebrard propone que las procuradurías locales puedan consultar las bases de información policiaca federal, así como la existencia de un “área de inteligencia financiera a la que tengan acceso las autoridades locales, con el propósito de afectar el patrimonio y las utilidades de la delincuencia organizada”.
¿Y quién va a definir qué es un delincuente? ¿El gobernador que quiere dar un coscorrón a una periodista incómoda? Me pregunto cuánto tiempo pasaría antes de que judiciales estatales y por consiguiente personajes como Kamel Nacif o capos de los cárteles, tengan acceso puntual a información bancaria y patrimonial de sus rivales o de los ciudadanos.
No hay estamento de la clase política mexicana que goce de mayor impunidad que los gobernadores. Carecen de mecanismos de contrapeso gracias al poder que ejercen sobre el congreso estatal, el poder judicial local y los institutos electorales y de derechos humanos estatales, que operan como una extensión del ejecutivo. No es de extrañar que cada semana la opinión pública se entere de alguna nueva ocurrencia o infamia del siguiente “gober” piadoso, precioso o bailador.
Analistas como Juan Pardiñas y Rogelio Hernández, entre otros, han analizado la manera en que la federalización ha propiciado un grave retroceso en el manejo de los dineros públicos. El problema central reside en que los recursos económicos se han entregado a los gobernadores de manera indiferenciada entre estados eficientes e ineficientes, sin exigir mecanismos de rendición de cuentas. Con respecto a los 6 mil millones de pesos de excedentes petroleros que recibirá en 2008 el gobierno de Puebla, por ejemplo, Marín introdujo una cláusula de discrecionalidad que le permite operar sin etiquetas ni lineamientos (acusación de la diputada local panista Leonor Popócatl).
Está condenado al fracaso un sistema de seguridad nacional que convierta a los gobiernos estatales en la base del combate al crimen. En el mejor de los casos, constituiría una fuga de recursos; en el peor, equivaldría a echar gasolina al fuego.
La opinión pública le exige a Ebrard hacer a un lado las diferencias con Calderón y colaborar en el combate al crimen. Para no traicionar a López Obrador, Marcelo quiere hacerlo en terreno propio, el de los gobernadores, y no en una reunión convocada por el presidente. Pero el país no puede subordinarse a estos melindres.
Por lo general, suelo diferir de las políticas emanadas del gabinete calderonista, pero estoy convencido de que el tema de la inseguridad obliga a decisiones estructurales que van más allá de quien sea el ocupante de Los Pinos.
Lo que necesitamos es una policía única en el país, sujeta a una batería de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que aseguren su eficacia y profesionalismo. Ninguno de estos dos requisitos pasan por la Conago. Debemos encontrar contrapesos a la impunidad absoluta de la que gozan los gobernadores. Ellos son parte del problema, no la solución y no es dándoles mayor poder policíaco como habremos de lograrla. www.jorgezepeda.net
08/10/08 3:20 AM - 13 comentarios
Con una probabilidad de éxito de 98.7% es difícil que los criminales dejen de cometer delitos por la simple amenaza de que pasarán más tiempo en la cárcel, en el improbable caso de que caigan en ese 1.3% por ciento que recibe una condena. Y es que en México se reporta sólo uno de cada ocho delitos (13%) y de los reportados solo el 10% culmina en sentencia. La propuesta del Presidente de pedir cárcel a perpetuidad es simple populismo punitivo. No sirve, pero se oye bien.
Hace días circula un email que en nombre de “Fernando Martí”, el joven asesinado, convoca a una marcha para el 6 de septiembre. Pero también para exigir “medidas extremas como ubicar al ejército en las calles de las ciudades más importantes, penas inmensamente mas severas a las actuales, enajenación de bienes materiales a todas las personas, amigos y familiares de quienes estén ligados al crimen…”, cadena perpetua a cualquier funcionario implicado.
Entre la demagogia y el oportunismo de Calderón, y las propuestas autoritarias de los exasperados, la medicina contra la inseguridad podría salir tan mala como la enfermedad.
Dar más poder a los cuerpos policíacos sobre la sociedad es una respuesta que terminará volviéndose en contra nuestra. Tendría que decirnos algo el hecho de que casi siempre en estos crímenes de horror está involucrado un judicial o su equivalente. Necesitamos mecanismos que aseguren rendición de cuentas, mayor transparencia, una policía sujeta al escrutinio y a las leyes.
Ernesto López Portillo, director de Insyde, señala que entre los especialistas se denomina “muro azul” (blue wall) la tendencia que instala a las policías en el centro del sistema de justicia. Los cuerpos policíacos suelen convertirse en un muro, un cerco impenetrable que garantiza un mundo de reglas propias. En las democracias el sistema de justicia lo conforman jueces, tribunales, fiscales, ministerios públicos, abogados, además de los policías. En las sociedades autoritarias, en cambio, los miembros de los cuerpos de seguridad se convierten en la ley. Juzgue usted en cuál nos encontramos.
Como a cualquier otro ciudadano, me indigna que los pocos delincuentes aprehendidos usen la cárcel como puerta giratoria. Pero también existe la perniciosa costumbre de fabricar chivos expiatorios usualmente entre los más débiles y sin posibilidad de defenderse. La autoridad suele aplicar “todo el peso de la ley” a las personas que les resultan incómodas. Los líderes de los “macheteros de Atenco”, que retuvieron a un funcionario durante horas (desde luego un delito), fueron sentenciados a 67 años por “secuestro equiparable”, como si se tratase del “Mochaorejas.”
La verdadera justicia entraña ausencia de impunidad y aplicación de la ley que sea justa para todos. La tragedia por la que pasa la familia Martí merece solidaridad y comprensión. Pero no deja de ser inquietante que el Jefe del Estado haga una comparecencia ante la Nación el jueves pasado y anuncie la modificación de las leyes con motivo de este crimen. El mismo mandatario que anunció que la anciana indígena de Zongolica había muerto de gastritis, no obstante que aún estaba en marcha la investigación.
En medio del horror e indignación que inspira la muerte del joven Martí, no puedo dejar de pensar que el acto de gobierno que presenciamos el jueves tiene algo de país bananero. Aunque México se desangra por la inseguridad, día a día y desde hace años, el presidente quiso informarle al mundo que con esas familias nadie debe meterse. Comenzamos a entender porque hemos llegado hasta aquí. (www.jorgezepeda.net)
08/2/08 4:14 AM - 12 comentarios
Nada exhibe mejor las dificultades políticas por las que transita Felipe Calderón que su decisión de echarse en brazos de Vicente Fox y del grupo Guanajuato. El ex presidente acaba de ser designado el personaje clave del panismo para la recuperación de electorado de cara a las elecciones del 2009; y Germán Martínez, líder del PAN, ha presentado la guanajuatización del resto del país como la panacea para el resto de los mexicanos. Un giro de 180 grados en la estrategia de los calderonistas.
Hace apenas seis meses el grupo compacto de Los Pinos intentaba quitarle foros y micrófonos a Fox, a Marta Sahagún, y a Manuel Espino; y hacían lo imposible para desmarcar al PAN de todo lo que oliera al Yunque y sus proximidades. Ahora han reconocido que les necesitan y les han dado, de nuevo, la plataforma para expresarse. El gobernador de Guanajuato, Juan Manual Oliva, representante de la ultraderecha y considerado como impresentable en círculos panista moderados, hoy es la estrella del firmamento azul.
Es una decisión que debió costarle insomnios y pesares al presidente Calderón, y a tragar una fuerte dosis de orgullo. Y es que el PAN está entrando en zona de desesperación.
Una encuesta tras otra revela que el PAN será barrido por el PRI en las elecciones para la renovación del Congreso en el 2009, lo cual reducirá aún más los márgenes de operación de Los Pinos. El problema para el blanquiazul, es que en el 2009 se trata de una elección en cada uno de los 300 distritos y en ese terreno se presume que el PRI podría ganar en casi 200 de ellos (no olvidar que aún gobierna en 60 por ciento de las entidades federativas)
La elección presidencial del 2012, aunque lejana, pinta aún peor. Frente a los poderosos candidatos del PRI (Peña Nieto y Manlio Fabio Beltrones) y del PRD (Marcelo Ebrard y López Obrador), el PAN no sólo carece de opciones atractivas, ni siquiera se ve de dónde los pueda extraer: una rápida revisión del gabinete o de los gobernadores lo confirma.
El S.O.S. que invoca a Fox es una estrategia para ganar tiempo. El panismo calderonista carece del carisma o el liderazgo para sortear con éxito los malos tiempos que se avecinan. Las elecciones coincidirán con un entorno flagelante para la economía popular: bajos niveles de empleo, encarecimiento de la canasta básica. Ni la rijosidad intolerante de Germán Martínez, ni el estilo “palacio” de Camilo Mouriño resultan empáticos al grueso de la población. Y la media docena de discursos, tranquilizantes a veces, envalentonados en otras, que Calderón pronuncia cada semana, hace tiempo que dejaron de surtir efecto o llamar la atención. Traer al Og Mandino de la política mexicana, es una medida desesperada, arriesgada. Alejarlo de los reflectores llevó tiempo, deshacerse de Espino generó costos internos. La incorporación al CEN del PAN de “emisarios del pasado” es una derrota presidencial.
El PAN está obligado a trabajar en tres frentes de manera simultánea. Uno, asegurar un mínimo de liderazgo frente a la inestabilidad que se avecina producto de los malos tiempos. Dos, preparar el terreno para minimizar las pérdidas en la elección del 2009. Tres, producir un par de precandidatos atractivos para la presidencia dentro de los próximos dos años. El regreso del foxismo impondrá un precio en cada uno de esos frentes. Lo veremos en las listas de precandidatos al Congreso (¿Marta, por ejemplo?). www.jorgezepeda.net
07/26/08 4:15 AM - 28 comentarios
El PRD tiene todo el derecho de hacer una consulta popular sobre un tema tan estratégico como la reforma de petróleos. Pemex es demasiado importante para dejarlo en manos de diputados y senadores que inspiran tan escasa confianza.
Lo malo es que el PRD haya desaprovechado la ocasión para hacer una consulta verdaderamente ejemplar e histórica. Más allá de las fobias y filias que suele generar Andrés Manuel López Obrador, habrá que reconocerle el mérito de haber obligado a un debate público sobre un asunto que estuvo a punto de resolverse en lo oscurito. Y no es que yo crea que el debate de expertos y protagonistas que vimos y oímos durante meses vaya a cambiar radicalmente el contenido último de la reforma. Está claro que al final del día lo que tendremos será resultado de una negociación entre los equipos de Camilo Mouriño y los de Manlio Fabio Beltrones. Pero también es cierto que el compás de espera permitió a otros protagonistas e interesados expresarse sobre cada uno de los puntos, lo cual obligará a una negociación más ventilada e inclusiva. Quiérase o no, el mérito es mayormente de AMLO.
Justamente por eso, el PRD y los lopezobradoristas tendrían que haber hecho una mejor consulta. Siendo autores intelectuales del proyecto, no deberían ser los ejecutores. Primero, porque ni siquiera la izquierda mejor intencionada puede confiar en una logística de campo y de cómputo que acaba de ser satanizada por el propio partido, luego de sus desastrosas elecciones internas. Segundo, porque al ser un actor político que se ha pronunciado en contra de la apertura, aparece como juez y parte de una consulta que, para ser legítima, necesita mínimos de imparcialidad. Más que apoyarse en alguna ONG y designar a un grupo de intelectuales para medio lavarse la cara, tendría que haber dejado que la encuesta misma hubiese sido realizada por organismos nacionales e internacionales, o mejor aún, por firmas privadas especializadas.
Los críticos de AMLO dirán que al tabasqueño no le interesaba la legitimidad del procedimiento sino la contundencia del resultado. Aciertan y desaciertan a la vez. Como es previsible, la consulta rechazará la reforma y eso ofrecerá una justificación política para realizar movilizaciones en contra de la aplicación de la reforma. Pero por lo mismo, se necesitaba de un resultado que gozara de cierta credibilidad en círculos más amplios, para tener el apoyo moral de muchos indecisos que podrían haberse convencido gracias a una consulta más verosímil.
La consulta de hoy no hace sino encasillar a los fuerzas políticas en sus respectivas trincheras. ¿Qué habría pasado si un comité de tres o cuatro empresas encuestadoras, designadas para el operativo, hubiesen arrojado un resultado inapelable? Ciertamente AMLO habría corrido el riesgo de ganar o perder. En el fondo, estoy convencido de que habría ganado en cualquiera de los dos casos.
El país requiere de alternativas frente al obsesivo control que ejercen las cúpulas. Una sociedad tan desigual como la nuestra requiere políticamente de un lopezobradorismo de oposición sano y activo. De otra manera, el sistema político no podrá procesar las rupturas. Pero no se conseguirá mientras se siga predicando a los conversos y enajenándose el favor de muchos ciudadanos comunes y corrientes. Una consulta pública imparcial habría sido una extraordinaria forma de mostrarse útil y responsable. Lamento que no se haya aprovechado la ocasión para darle más legitimidad y fuerza a los ciudadanos que hoy ejercerán su derecho para expresarse y, de ser el caso, disentir. Un ejercicio interesante, pero aún perfectible e insuficiente. (www.jorgezepeda.net)
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