08/31/08 3:31 AM - 25 comentarios
Las marchas pueden ser útiles, pero también pueden ser absolutamente inútiles e incluso contraproducentes. A juzgar por las estadísticas sobre inseguridad, la marcha multitudinaria de hace cuatro años fue inútil, a pesar de que algunos aseguraron, conmovidos por la visión de cientos de miles de manifestantes, que “nada volvería a ser igual ahora que se ha expresado la ciudadanía “; y en efecto ya no fue igual, fue peor. Tampoco pareció servir la del 29 de noviembre de 1997 en la que marcharon Felipe Calderón, Santiago Creel o a Eduardo Bours, para exigir al presidente Zedillo poner fin a la inseguridad.
Alguien decía que las marchas son un fin en sí mismo, porque ejercitan a los ciudadanos en la defensa de sus derechos. No estoy de acuerdo. Cada vez que participamos en una marcha que no da resultados nace una nueva generación de desencantados. El recurso termina por desgastarse. ¿Cuántos que marcharon hace cuatro años ya no lo hicieron ayer, pese a que la inseguridad es aún mayor?
La peor marcha es aquella que deja la sensación en el ciudadano de haber cumplido con su tarea. La manifestación simplemente sirve como desfogue de indignación y da paso a la inmovilidad.
Convertirnos en masa sólo sirve si termina en el horno. De otra manera, es un desperdicio de harina y huevos que bien habrían hecho falta para otros fines. Quizá en otros países la mera expresión de miles de ciudadanos se convierte en mandato para la clase política. No en México. Lo importante no es la cifra definitiva de asistentes a la marcha de ayer. Lo decisivo, como en las bodas, es lo que suceda los días siguientes. Dejados a su arbitrio, los gobernantes harán algunos aspavientos tranquilizadores de cara a la multitud, emitirán edictos y harán discursos, y seguirán dedicados a otros afanes más inmediatos.
El problema con la inseguridad es que desborda a la clase política. No la resolverá, porque no puede. No es sólo un asunto policíaco; entraña el edificio completo de la impartición de justicia. Volcar recursos en los cuerpos de seguridad terminará simplemente por ampliar la capacidad de daño de un brazo ejecutor. Resulta absurdo creer que se pueden tener judiciales honestos sin sanear ministerios públicos, juzgados, prisiones y, claro, sin eliminar el influyentismo y la corrupción ¿Cómo pedirle a un judicial de Jalisco que ponga en riesgo su vida, si su procurador es descubierto en fiestas donde hay abusos de menores pero es protegido por el gobernador? ¿Cómo tener secretarios de juzgado intachables cuando su jefe exige alterar pruebas para otorgar permisos a un poderoso fraccionador?
Muchos de los que marcharon ayer están dispuestos a entregar una mordida para facilitar un trámite o para librarse de la molestia de una infracción ¿Con qué derecho le exigimos a un policía que no se corrompa para salvar la vida? Estamos contra la corrupción, pero a condición de que el combate en su contra la inicien otros.
La marcha será útil sólo si constituye el inicio de un compromiso ciudadano con una sociedad honesta. Servirá si deriva en un activismo en contra de la corrupción. Será útil si da lugar a una enorme batería de organizaciones ciudadanas capaces de exigir, monitorear e impulsar acciones concretas. Por lo pronto propongo una: apoyar a Insyde, una ONG de expertos en criminalidad y seguridad pública, que desarrolla modelos para certificar el estado de las policías y la capacitación del poder judicial, entre otros propósitos. Además de marchar, ¿cuál es su tarea? ¿qué causa adopta? www.jorgezepeda.net
08/24/08 2:46 PM - 19 comentarios
En 2012 Felipe Calderón entregará el poder a un gobierno priísta. Entre otras razones porque habrá fracasado en sus promesas de reducir la inseguridad. Estas dos son predicciones respecto a las que uno desearía equivocarse, pero lucen inexorables.
Durante 50 años el PAN hizo una bandera política de la crítica a la corrupción priísta; después de 12 años de gobernar en Los Pinos no sólo habrá desperdiciado la ocasión de hacer algo al respecto; habrá diseminado este cáncer crónico.
La cumbre contra la inseguridad de esta semana tiene nulas posibilidades de resolver el problema de la impunidad. Vamos, la mitad de los firmantes del acuerdo tendrían que estar en la cárcel si las leyes se cumplieran en este país ¿Qué podemos esperar de un pacto firmado por Mario Marín, Romero Deschamps, Elba Esther Gordillo y una docena de gobernadores que ejemplifican, justamente, la vigencia de la impunidad?
Para no ir más lejos, uno de los gobernadores designados para hablar en el acto, como Marco Adame Castillo, de Morelos. En abril de 2006 José Luis Adame Castillo y su hijo Luis Daniel Adame Tapia fueron detenidos, luego de que un ladrón de autos los señaló como sus cómplices. Unas horas más tarde fueron liberados, al conocerse el parentesco con el entonces candidato a la gubernatura del estado de Morelos. Seis meses después, uno de los agentes que participó en la detención recibió una sentencia de 13 años de cárcel, “por abuso de autoridad”, y otros ocho policías más de cinco años. Para entonces Marco Adame Castillo, hermano y tío de los detenidos, ya era gobernador de la entidad. Son estos los mandatarios que ahora exigen honestidad a las policías.
El acto mismo de la “cumbre” derrocha hipocresía. No nos engañemos. Alejandro Martí habla “en nombre de la sociedad civil” porque pertenece a la élite empresarial del país. Mis respetos para un padre de familia que perdió a su hijo en esta tragedia; enhorabuena por su valor para expresar indignación y rechazo ante la negligencia de la autoridad. Pero la señora Miranda de Wallace, que perdió al suyo en condiciones similares, no recibió la atención presidencial, mucho menos las víctimas anónimas de cada día.
La cobertura de Televisa a las palabras de Martí opacó discursos de los mandatarios federal y estatales. “Si no pueden, renuncien”, fue frase aclamada como muestra del “empoderamiento” de la sociedad ante los políticos. Por supuesto que no hay tal. La clase política simplemente está respondiendo, como siempre, a la llamada de exasperación de los dueños del dinero. Por fortuna para toda la sociedad, en esta ocasión su exigencia coincide con la de todos. Pero tampoco podemos ser optimistas al respecto; tengan por seguro que la única meta que habrá de conseguirse es la reducción del número de secuestros, verdadero terror de los empresarios, y quedará intocado el tema de la inseguridad.
Si Calderón va a perder, ¿por qué no hacerlo con dignidad? Ahórrese las cumbres, Presidente: haga de la Secretaría de la Función Pública una aspiradora de la cloaca gubernamental, dedique el capital político que le queda a dar algunos quinazos, a forzar la salida de un par de gobernadores sátrapas, a procesar a media docena de panistas corrompidos. Antes de sanear las filas de las policías tendría que comenzar por sanear las filas de sus verdaderos jefes, esos que asistieron a la cumbre del jueves pasado.
08/16/08 11:17 PM - 18 comentarios
¿Usted confiaría en Ulises Ruiz (Oaxaca), Mario Marín (Puebla), Emilio González Márquez (Jalisco), Fidel Herrera (Veracruz) o Humberto Moreira (Coahuila)? Peor aún ¿Confiaría en las policías judiciales de esos gobernadores? Yo tampoco.
Pues eso es lo que acaba de proponer Marcelo Ebrard para terminar con la inseguridad en el país. El jefe de gobierno del DF ha planteado que sean los gobernadores (la Conago), quienes convoquen a una cumbre nacional que defina el plan para combatir al crimen organizado.
Entre otros puntos, Ebrard propone que las procuradurías locales puedan consultar las bases de información policiaca federal, así como la existencia de un “área de inteligencia financiera a la que tengan acceso las autoridades locales, con el propósito de afectar el patrimonio y las utilidades de la delincuencia organizada”.
¿Y quién va a definir qué es un delincuente? ¿El gobernador que quiere dar un coscorrón a una periodista incómoda? Me pregunto cuánto tiempo pasaría antes de que judiciales estatales y por consiguiente personajes como Kamel Nacif o capos de los cárteles, tengan acceso puntual a información bancaria y patrimonial de sus rivales o de los ciudadanos.
No hay estamento de la clase política mexicana que goce de mayor impunidad que los gobernadores. Carecen de mecanismos de contrapeso gracias al poder que ejercen sobre el congreso estatal, el poder judicial local y los institutos electorales y de derechos humanos estatales, que operan como una extensión del ejecutivo. No es de extrañar que cada semana la opinión pública se entere de alguna nueva ocurrencia o infamia del siguiente “gober” piadoso, precioso o bailador.
Analistas como Juan Pardiñas y Rogelio Hernández, entre otros, han analizado la manera en que la federalización ha propiciado un grave retroceso en el manejo de los dineros públicos. El problema central reside en que los recursos económicos se han entregado a los gobernadores de manera indiferenciada entre estados eficientes e ineficientes, sin exigir mecanismos de rendición de cuentas. Con respecto a los 6 mil millones de pesos de excedentes petroleros que recibirá en 2008 el gobierno de Puebla, por ejemplo, Marín introdujo una cláusula de discrecionalidad que le permite operar sin etiquetas ni lineamientos (acusación de la diputada local panista Leonor Popócatl).
Está condenado al fracaso un sistema de seguridad nacional que convierta a los gobiernos estatales en la base del combate al crimen. En el mejor de los casos, constituiría una fuga de recursos; en el peor, equivaldría a echar gasolina al fuego.
La opinión pública le exige a Ebrard hacer a un lado las diferencias con Calderón y colaborar en el combate al crimen. Para no traicionar a López Obrador, Marcelo quiere hacerlo en terreno propio, el de los gobernadores, y no en una reunión convocada por el presidente. Pero el país no puede subordinarse a estos melindres.
Por lo general, suelo diferir de las políticas emanadas del gabinete calderonista, pero estoy convencido de que el tema de la inseguridad obliga a decisiones estructurales que van más allá de quien sea el ocupante de Los Pinos.
Lo que necesitamos es una policía única en el país, sujeta a una batería de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que aseguren su eficacia y profesionalismo. Ninguno de estos dos requisitos pasan por la Conago. Debemos encontrar contrapesos a la impunidad absoluta de la que gozan los gobernadores. Ellos son parte del problema, no la solución y no es dándoles mayor poder policíaco como habremos de lograrla. www.jorgezepeda.net
08/10/08 3:20 AM - 13 comentarios
Con una probabilidad de éxito de 98.7% es difícil que los criminales dejen de cometer delitos por la simple amenaza de que pasarán más tiempo en la cárcel, en el improbable caso de que caigan en ese 1.3% por ciento que recibe una condena. Y es que en México se reporta sólo uno de cada ocho delitos (13%) y de los reportados solo el 10% culmina en sentencia. La propuesta del Presidente de pedir cárcel a perpetuidad es simple populismo punitivo. No sirve, pero se oye bien.
Hace días circula un email que en nombre de “Fernando Martí”, el joven asesinado, convoca a una marcha para el 6 de septiembre. Pero también para exigir “medidas extremas como ubicar al ejército en las calles de las ciudades más importantes, penas inmensamente mas severas a las actuales, enajenación de bienes materiales a todas las personas, amigos y familiares de quienes estén ligados al crimen…”, cadena perpetua a cualquier funcionario implicado.
Entre la demagogia y el oportunismo de Calderón, y las propuestas autoritarias de los exasperados, la medicina contra la inseguridad podría salir tan mala como la enfermedad.
Dar más poder a los cuerpos policíacos sobre la sociedad es una respuesta que terminará volviéndose en contra nuestra. Tendría que decirnos algo el hecho de que casi siempre en estos crímenes de horror está involucrado un judicial o su equivalente. Necesitamos mecanismos que aseguren rendición de cuentas, mayor transparencia, una policía sujeta al escrutinio y a las leyes.
Ernesto López Portillo, director de Insyde, señala que entre los especialistas se denomina “muro azul” (blue wall) la tendencia que instala a las policías en el centro del sistema de justicia. Los cuerpos policíacos suelen convertirse en un muro, un cerco impenetrable que garantiza un mundo de reglas propias. En las democracias el sistema de justicia lo conforman jueces, tribunales, fiscales, ministerios públicos, abogados, además de los policías. En las sociedades autoritarias, en cambio, los miembros de los cuerpos de seguridad se convierten en la ley. Juzgue usted en cuál nos encontramos.
Como a cualquier otro ciudadano, me indigna que los pocos delincuentes aprehendidos usen la cárcel como puerta giratoria. Pero también existe la perniciosa costumbre de fabricar chivos expiatorios usualmente entre los más débiles y sin posibilidad de defenderse. La autoridad suele aplicar “todo el peso de la ley” a las personas que les resultan incómodas. Los líderes de los “macheteros de Atenco”, que retuvieron a un funcionario durante horas (desde luego un delito), fueron sentenciados a 67 años por “secuestro equiparable”, como si se tratase del “Mochaorejas.”
La verdadera justicia entraña ausencia de impunidad y aplicación de la ley que sea justa para todos. La tragedia por la que pasa la familia Martí merece solidaridad y comprensión. Pero no deja de ser inquietante que el Jefe del Estado haga una comparecencia ante la Nación el jueves pasado y anuncie la modificación de las leyes con motivo de este crimen. El mismo mandatario que anunció que la anciana indígena de Zongolica había muerto de gastritis, no obstante que aún estaba en marcha la investigación.
En medio del horror e indignación que inspira la muerte del joven Martí, no puedo dejar de pensar que el acto de gobierno que presenciamos el jueves tiene algo de país bananero. Aunque México se desangra por la inseguridad, día a día y desde hace años, el presidente quiso informarle al mundo que con esas familias nadie debe meterse. Comenzamos a entender porque hemos llegado hasta aquí. (www.jorgezepeda.net)
08/6/08 11:03 AM - 4 comentarios
La salida de Eduardo Soho, sobreviviente del gabinete de Fox, era inevitable. Los índices de confianza del consumidor, un indicador del INEGI, habían caído por debajo de sus niveles históricos. Nadie creía en el secretario de economía cuando afirmaba que las cosas mejorarían. Los indicadores eran peores incluso que en 2003, luego de los primeros dos años de bajísimo crecimiento.
Pero una vez más, Calderón se equivoca en el cambio. De nueva cuenta, ante los problemas decidió apelar a su grupo compacto para extender su control y externar su desconfianza a todo lo que no sea calderonista. Como en el caso de Sedesol y de Gobernación, recurre a los suyos, a jóvenes de escasa experiencia y poco liderazgo. Prefiere un gabinete mediocre en el que prima la lealtad sobre la calidad. En este caso a Ruiz Mateos, otro funcionario medio cuyo mayor mérito fue sumarse a su causa hace varios años. Desperdicia una vez más la oportunidad para apelar a la sociedad incorporando a algún personaje notable de reputación impecable, capaz de infundir confianza en los actores económicos y en el consumidor. El presidente ha perdido una vez más la posibilidad de hacer un gabinete más inclusivo, plural y respetado. O en verdad tiene una enorme confianza con respecto a los suyos (sabrá algo que el resto desconocemos), o vive atrincherado por la inseguridad y el temor que le provoca todo aquél que no está bajo su control personal.
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