05/25/08 9:08 AM - 20 comentarios
Winston Churchill solía decir que “la democracia es el peor sistema de gobierno diseñado por el hombre, con excepción de todos los demás”. Luego de conocer las declaraciones y los hechos de Emilio González Márquez, gobernador en Jalisco, tendríamos que coincidir con el político inglés: la democracia nos sigue debiendo.
Esto no es privativo de Jalisco. El caso de George Bush revela que incluso en sociedades con “democracia” madura no hay antídotos contra los necios o los imbéciles (escoja usted el adjetivo). Vicente Fox sigue siendo carismático para muchos mexicanos, pero es evidente que resultó ser mejor candidato que presidente, por decir lo menos.
A las lacras que el PRI solía (y suele) imponernos, ahora se añaden estos personajes anecdóticos y dicharacheros, magos de un aparente sentido común, que al llegar al poder se convierten en una mala broma que durara seis años. Los hay de todos los signos (basta ver los desfiguros del priista Humberto Moreira en Coahuila), pero en esta ocasión quisiera dejar a un lado a los Ulises Ruiz y Mario Marín, y centrarme en los gobernadores conservadores de nuevo cuño, que tampoco cantan mal las rancheras.
Se trata de “no políticos”, algunos de ellos carismáticos, casi siempre empresarios, muy cercanos a la Iglesia. Les distingue la absoluta convicción de que están reorientando a su comunidad descarriada por el camino correcto. Aunque todavía no entiendo como puede conciliar González Márquez el hecho de convocar los miércoles a lecturas de la biblia en Casa Jalisco y, por otro lado, defender a rajatabla a su procurador responsable de presidir fiestas de pederastas. Estos nuevos funcionarios son católicos antes que panistas, y redentores antes que políticos. Como dijo alguno de ellos, “entre la verdad y mi Obispo, me quedo con mi Obispo”. De allí el problema. Están convencidos de lo que es bueno para ellos es lo mejor para todos, sin importar nuestra opinión.
El arribo de gobernadores de este tipo en Jalisco, Guanajuato, Querétaro y Aguascalientes confirma lo arraigado de esta corriente en las antiguas zonas cristeras y las maneras que se han dado para entrar al poder desde arriba.
La emergencia de este conservadurismo incorporado a la política, empata con el movimiento de los neoconservadores (“neocons”) en Estados Unidos durante los últimos 20 años. Les distingue su crítica a toda forma de intervencionismo estatal, su apego a los valores cristianos, su desafecto a toda expresión procedente de la sociedad que no tenga su origen en la familia, su desconfianza a lo intelectual, a lo desconocido o a lo diferente. Grosso modo, el surgimiento de este conservadurismo “de la esfera privada” es resultado del descrédito universal del Estado asistencial y, por ende, de las estructuras políticas tradicionales (partidos, sindicatos, clase política profesional). Con variantes imposibles de abordar en este espacio, el resurgimiento político de la militancia religiosa en Oriente Medio y Lejano remite a un fenómeno similar.
A estas influencias generales se añaden en nuestro país factores específicos. El asesinato del cardenal Posadas en 1993 en Guadalajara, fue un punto de inflexión decisivo. Por un lado, ofreció a algunos dirigentes de grupos para religiosos la oportunidad de saltar a la política y hacer carrera a partir de la bandera que representó la denuncia e indignación que dejó la muerte del prelado. Por otro, provocó en muchos católicos la sensación de que la Iglesia estaba siendo agredida y, por ende, impulsó la necesidad de salir a la escena pública para defenderla.
Recordemos que un año antes del asesinato del Cardenal, Guadalajara había sufrido la peor tragedia en sus casi 500 años de historia con la explosión de los colectores. El movimiento y “las sensaciones” sociales que desencadenó la posición del gobierno federal de no aceptar la obvia responsabilidad de Pemex, fue inicialmente de carácter pluri clasista y muy popular, similar al que surgió luego del sismo de 1985 en la Ciudad de México. Pero el asesinato de Posadas un año después, fusionó toda esta inconformidad en un resentimiento contra el gobierno y el PRI que la nueva derecha fue capaz de aprovechar en su beneficio.
Dos años más tarde, en 1995, un personaje desconocido, Alberto Cárdenas Jiménez, de Cd. Guzmán, arrebató sorpresivamente la candidatura interna para gobernador al dirigente tradicional del PAN Gabriel Jiménez Remus y barrió en las elecciones estatales. Los “neocons” habían nacido. En beneficio de “Bebeto” Cárdenas habría que decir que pese a su conservadurismo religioso, este primer gobernador se caracterizó por su buen talante y por un gabinete relativamente heterogéneo, aunque con muestras inequívocas de militar en un nuevo panismo: empresarios conservadores vinculados al clero, desconfianza a la política, vínculos institucionales y reiterativos con la Iglesia.
Dos sexenios más después, los “neocons” han involucionado hasta llegar a Emilio González, pasando por Francisco Ramírez Acuña. Con la soberbia moral del que se sabe que va ir al cielo porque tiene contento a su cardenal y la creencia que la única aprobación social que sirve es la que emana de Televisa, Emilio González se ha convertido en la peor versión de este panismo chato e ignorante, que traiciona el humanismo y la cultura que caracterizó a los fundadores de ese partido.
Hace una semana señalé que algo en nuestra democracia está podrido cuando hemos comenzado a aplaudir la llegada de un retén militar a nuestra ciudad. Añadiría: algo se apesta cuando los ciudadanos estamos eligiendo a gobernadores que, literalmente nos están mandado a la chingada. www.jorgezepeda.net
05/18/08 7:43 AM - 31 comentarios
Del alemán Zug (movimiento) y Zwang (exigencia, obligación), “Zugzwang” designa en ajedrez la posición en que uno de los jugadores queda reducido a un estado de impotencia activa: está obligado a mover, pero cualquier movimiento solo empeora su situación. Un término que describiría con justeza la situación del país en su guerra en contra del narcotráfico.
A lo largo de estos meses he cuestionado la decisión de Calderón de introducir al ejército de manera permanente en el combate a las drogas. Es una decisión que entraña riesgos políticos de mediano plazo (no es fácil regresar a los soldados a los cuarteles) y constituye una amenaza a los derechos humanos de la población civil. Por no hablar del quebranto a la seguridad nacional que representaría una eventual corrupción de los altos mandos militares.
Sin embargo, luego de la opinión de varios lectores y nueva información, tengo la impresión de que los operativos militares han sido un “movimiento obligado”, tras el cual no quedamos mejor que como estábamos, pero no haberlo hecho nos habría dejado en peor escenario.
Hace una semana , en este espacio, afirmé que el combate al narco se estaba convirtiendo en el Irak de Calderón. Sigo creyendo que por motivos políticos, fuimos a una guerra improvisada, sin objetivos claros ni la información suficiente sobre el rival en nuestras propias filas. Año y medio más tarde estamos tan lejos de ganarla como al principio.
Y sin embargo, habría que reconocer que a diferencia de Irak, esta guerra no había manera de evitarla. Todos los que repudiamos ver al ejército en las calles tendríamos que responder honestamente que alternativa tendríamos a corto plazo. Sólo podemos imaginarnos el escenario catastrófico que significaría un combate al narco librado exclusivamente por cuerpos policíacos que se han colapsado. El viernes pasado el presidente municipal de Ciudad Juárez afirmó que seguía vacante el puesto de jefe de la policía, luego de la ejecución reiterada de los anteriores titulares. Un gobernador justifica la mediocridad de su procurador argumentando que nadie más quiere esa posición. Varios jefes policíacos en el norte han solicitado asilo político por las amenazas de muerte y la incapacidad del Estado mexicano para protegerlos.
Lo que la población padece en Culiacán o en Cd. Juárez es un virtual y autoimpuesto “toque de queda”. Luego del asesinato del hijo del Chapo en un centro comercial por parte de 20 sicarios, bazucazo incluido, todo espacio público constituye una zona de peligro. Las personas se han refugiado en sus hogares. En ese sentido habría que admitir que no hay peor violación de los derechos humanos que la existente en regiones controladas por el crimen organizado. La impunidad y la violencia de un poder salvaje que se erige como el dueño de una comunidad termina por asemejarse a un estado de sitio en contra de la población. Tendríamos que vivirlo en carne propia antes de descalificar a los vecinos y autoridades de estas regiones que han pedido la entrada del ejercito.
Y es que, en efecto, las encuestas levantadas en las zonas de operativos revelan que entre 70 y 90 por ciento de la población favorece la presencia de los militares. Pese a la romántica noción que difunden los narco corridos sobre el origen social y la identidad regional de los traficantes, lo cierto es que a la hora de ejecutarse entre sí y lo que se les atraviese, o simplemente de tomar lo que desean, resulta que tienen muy poco de Robin Hood. En palabras de un lector: “en general son personas ignorantes, prepotentes y violentas sin aprecio alguno por la vida. Ni la suya ni mucho menos las de los demás. Quien ha sufrido la violencia de esta gente a través de amenazas, ataques, homicidio y secuestro entienden sin lugar a dudas la necesidad imperiosa de que alguien haga algo al respecto”.
Los operativos militares pueden ser necesarios, pero desde luego son perfectibles e insuficientes. Hace año y medio el gobierno los presentó como el jaque mate de los cárteles, y terminaron siendo un mero zugzwang. Apenas ahora comienza a percibirlos como un eslabón de una estrategia más amplia que además contemple el combate al tráfico de armas y la investigación de lavado de dinero.
Asumiendo que hayamos llevado al punto en el que la intervención del ejercito en esta guerra es imprescindible, la pregunta de fondo es ¿Qué hacer para impedir que nuestra propia sensación de inseguridad nos convierta en rehenes permanentes de “males menores”? ¿Cómo rescatar los derechos humanos enajenados por los sicarios en esas regiones, sin que todos el resto de los mexicanos perdamos un poco más de libertad con el pretexto de una guerra inevitable?
Algo en nuestra incipiente democracia está podrida cuando los ciudadanos ven con alivio un retén militar. Todos perdemos cuando los abusos castrenses son percibidos como un efecto secundario, como si se tratasen de un precio a pagar para mantener al crimen lejos de nuestras casas.
No es sólo el gobierno de Calderón el que enfrenta el zugzwang en la guerra contra el Narco. Todos estamos atrapados entre la barbarie de los poderes salvajes del crimen (des) organizado y el probable endurecimiento de las leyes y los poderes institucionales. Es imperativo fomentar una cultura de los derechos humanos porque es lo único que puede salvarnos de que las libertades ciudadanas salgan perdiendo en esta guerra. Pero esa es otra historia. www.jorgezepeda.n
05/11/08 3:38 AM - 62 comentarios
Los asesinatos de altos funcionarios federales a lo largo de los últimos días muestran lo que ya intuíamos: luego de 18 meses de fracasos es evidente que estamos en una guerra que no vamos a ganar pero de la cual tampoco hay manera de salir. El narcotráfico se está convirtiendo en el Irak de Felipe Calderón.
Al arranque de su gobierno el nuevo presidente utilizó el argumento del combate a los carteles como una estrategia fast track para afincarse en Los Pinos. Fue la táctica ideal para mostrarle a los mexicanos que ya había piloto en la nave. Al igual que a Bush, la convocatoria a esta guerra le reportó a Calderón beneficios políticos inmediatos, pues propinó una artificiosa sensación de firmeza y liderazgo.
El problema es que desencadenó una guerra sin estar preparado siquiera para la primera batalla, y lo hizo por los peores motivos. Durante su campaña electoral y en los meses previos a la toma de posesión, en muy pocas ocasiones Calderón se refirió al narcotráfico. Todo indica que no formaba parte significativa de su agenda. Pero las necesidades políticas precipitaron ir al combate una semana después de llegar al poder, sin tener la más remota idea de las consecuencias. Bush y sus generales nunca pensaron en “el día siguiente”; nosotros ni siquiera hemos salido del Día “D”; nuestros cuerpos policíacos siguen siendo acribillados en la playa Omaha del desembarco sin saber cómo ni dónde responder.
Fuimos a una guerra sin conocer cabalmente al enemigo, (y encima) a pesar de que sabíamos que nuestras propias filas estaban totalmente penetradas por el adversario. De manera irresponsable lanzamos al cuerpo enorme y desmañado del ejército a dar palos de ciego a una piñata que se hace escurridiza a todo lo largo del territorio nacional. Año y medio más tarde estamos tan lejos de ganar la batalla como Bush de pacificar a Irak.
A juzgar por sus declaraciones, Calderón pretende salir del atolladero mediante el absurdo de profundizar el error. Al igual que Bush ha exigido más recursos para la guerra. Como si dos mozalbetes con los ojos vendados tuvieran más posibilidades que uno solo de romper la piñata, cuando en realidad simplemente incrementan la probabilidad de romperse la crisma mutuamente o rompérnosla al resto de la concurrencia (como en efecto ha estado sucediendo con la población civil).
El gobierno está intentando utilizar el fracaso del combate al narcotráfico como un argumento a favor del pánico para justificar las bases de un Estado autoritario: mayores márgenes para los cuerpos de seguridad frente a la población, ampliación de presupuestos, necesidad de mano más firme. Bush utilizó durante tres años la noción de la guerra al terrorismo para justificar leyes contra sus propios ciudadanos y para ampliar el presupuesto militar a niveles inimaginables. Su pueblo lo recompensó reeligiéndolo en el 2004.
Ahora Calderón intentará hacer lo mismo. Utilizar su fracaso como trampolín para consolidar un gobierno con los recursos legales y policíacos para enfrentar cualquier muestra de inestabilidad social. La única salida de esta trampa consiste en impedir que las estrategias para implantar el miedo que difunden los medios de comunicación se impongan entre los ciudadanos. Una sociedad atemorizada siempre termina siendo víctima del populismo de derecha, pues éste cercena libertades y disidencias en nombre de la seguridad.
La guerra contra el narcotráfico, como la de Irak, no se podrá ganar a punta de balazos. Sería mucho más prudente disminuir “la crispación” en el campo de batalla y comenzar a trabajar en otros frentes. Tres en lo inmediato:
1.- El tráfico y lavado de dinero. Un kilo de billetes hace más bulto que su equivalente en cocaína. A un flujo de drogas corresponde un reflujo de dinero de volumen físico similar o superior. Para detectar a los verdaderos líderes del narcotráfico habría que investigar los flujos financieros, las multimillonarias inversiones hoteleras en la Ribera Maya y en Baja California, las transferencias de carácter sospechoso. Pero nadie quiere hacerlo porque allí nos encontraremos los enormes blanqueos de dinero de la propia clase política y empresarial que no pasan por Hacienda.
2.- El tráfico de armas. Las armas automáticas y semiautomáticas que convierten a los narcos en un verdadero ejército, proceden de Estados Unidos. El gobierno mexicano no ha tenido la entereza para exigir a su contraparte mayor responsabilidad en esta franja oculta de la criminalidad. Así como Estados Unidos nos hace responsables de “intoxicar” a su juventud con nuestras drogas, nosotros tendríamos que exigirles cuentas por todos los asesinados gracias a sus armas introducidas ilegalmente en el país.
3.- Inteligencia militar y policíaca. No podemos ganar una batalla cuando desconocemos al rival y, peor aún, si nos encontramos tan intensamente infiltrados por “el enemigo”. Nuestros policías son carne de cañón en la medida en que buena parte de sus propios jefes están en la nómina de los cárteles. Ir a una guerra así es la mejor garantía de que Mambrú no habrá de regresar.
Son tres tareas necesarias, aunque insuficientes. Para ganar la batalla contra las drogas habríamos de recordar los errores estratégicos de la guerra contra el alcohol. Podríamos paliarla o acotarla, pero no ganarla. Sin duda lo peor que podemos hacer es incendiar al país con el pretexto de esta lucha y ofrecer un cheque en blanco al gobierno para dar rienda suelta a sus inclinaciones autoritarias. (www.jorgezepeda.net)
05/4/08 3:52 AM - 37 comentarios
Cada semana nos enteramos de algún nuevo capítulo vinculado a la corrupción. Una fechoría más de los Bribiesca, un nuevo abuso de los viajes de Sergio Vela, el director de CONACULTA, datos adicionales sobre las obras mal habidas en el aeropuerto de la capital o en la Magna Biblioteca, o simplemente la fortuna que habrá de regresarse a Unefón con intereses por errores de un funcionario. Desde luego no es un panorama nuevo. Los priistas nos acostumbraron a convivir con el cohecho y a asumir la corrupción como el telón de fondo de la vida nacional. Pero esperábamos más de los panistas y sus gobiernos de alternancia.
Vamos, los priistas nunca presumieron de honestidad. Los panistas, en cambio, hicieron de la crítica a la corrupción la columna vertebral de su plataforma a lo largo de seis décadas como partido de oposición. Sabíamos que el PAN carecía del oficio político de su rival y dábamos por descontado que cometerían novatadas de diversa índole. Pero al menos suponíamos que pondrían en práctica algún programa más o menos radical de renovación moral.
Sin embargo, resultaron iguales o peores. Muchos tenemos la sensación, incluso, que los gobiernos de Fox y de Calderón son más tolerantes con los abusos de los suyos, que el último gobierno priista. Ernesto Zedillo terminó metiendo a la cárcel al hermano del presidente a quien le debía el puesto y prácticamente mandó al exilio político a su antecesor. En términos comparativos lo que hizo Zedillo equivaldría al procesamiento judicial de Marta Sahagún y sus hijos por las muchas evidencias de desviación de fondos y enriquecimiento inexplicable.
Ciertamente los priistas cobijaban a los suyos, pero solían dar prioridad a la eficacia política. Es decir, estaban dispuestos a sacrificar a un correligionario si eso beneficiaba sus propias causas, incluyendo la estabilidad o las necesidades electorales. Calderón, en cambio, prefiere mantener a su secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, porque es su delfín, o a Sergio Vela porque es su amigo, o nombrar como Procurador del Medio Ambiente al ex gobernador Patrón Laviada, conocido anti ecologista, por el pago de favores. El combate a la corrupción no parece estar entre sus prioridades.
Los gobiernos panistas han hecho una caricatura de la Secodam. Transformada en Secretaría de la Función Pública, es un elefante blanco tan ineficaz como la fiscalía de periodistas o la fiscalía de protección a las mujeres. Son instituciones que existen con el simple propósito de presumir volunta política, pero en realidad constituyen una fachada para prohijar la impunidad y la pasividad. Los periodistas siguen siendo asesinados, los feminicidios no disminuyen y la corrupción campea como en sus mejores tiempos.
Cuando Felipe Calderón dijo como candidato que lo importante era llegar al poder “haiga sido como haiga sido” dejó establecido una valoración moral de lo que sería su gobierno. Hace unos meses, cuando un interlocutor le mencionó en privado al Presidente que Juan Bueno Tenorio, el senador panista, se había enriquecido de manera sospechosa, Calderón simplemente comentó que Bueno Tenorio quería ser gobernador. Debemos entender que el Presidente justifica el “haiga sido como haiga sido” en todos los niveles de gobierno. En otras palabras, que la necesidad política está por encima de la honestidad y la moral.
Podría entenderse, aunque no justificarse, que el gobierno de Calderón haya tenido que apechugar alianzas vergonzosas con el grupo político de Elba Esther Gordillo o tolerar a gobernadores impresentables como Mario Marín y Ulises Ruiz. La debilidad de su arribo al poder y su escaso margen de maniobra supuestamente lo habrían obligado a “mojarse” en el pantano de la real politik. Pero sigue siendo injustificable la tolerancia ante los malos manejos de sus propios correligionarios en diversos puestos de la jerarquía oficial.
El caso del primer presidente municipal panista que tuvo Zapopan, a mediados de la década de los noventa, lo ilustra perfectamente. Un empresario exitoso que amplió el número de patrullas adquiriendo autos en la concesionaria de su compadre, violando todos los códigos de normatividad vigentes en el municipio. Interrogado al respecto, el empresario se defendió afirmando que tal normatividad aplicaba cuando había políticos corruptos, pero no aplicaba tratándose de ciudadanos de buenas costumbres. En otras palabras, “yo puedo violar la ley porque soy buena persona”.
Justamente, el problema con los panistas es que se autodefinen como “buenas personas” frente al resto de la clase política. Creen que el hecho de compartir los valores moralinos de la clase media, ir a misa, pertenecer al empresariado y privilegiar a la familia, los dispensa de sus excesos. Se conciben a sí mismos como ciudadanos empoderados, y como una especie distinta al resto de los políticos. No se han dado cuenta de que poco a poco el poder está convirtiendo a muchos de ellos en ladrones y en cómplices de nuevas formas de corrupción. El compadrazgo que otorga a una clase social y una colección de valores compartidos, propician una cofradía que se permite inaugurar nuevos tipos de abusos. Desde el gobernador que traslada recursos públicos a su cardenal y se mofa de ello, hasta el gobierno en su conjunto que eleva a rango de seguridad nacional los intereses del empresariado o convierte a la televisión privada en el verdadero ministerio de educación nacional. En lugar de una renovación moral de la política, la alternancia nos ha dado pan con lo mismo. (www.jorgezepeda.net)
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