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06/24/07 4:53 AM - 1 comentario

El PRI y sus tres tristes gobernadores

El PRI sabe que la reforma fiscal, que eventualmente evitará el colapso financiero del gobierno, depende de su voto. La adhesión de los diputados y senadores del tricolor le ofrecería al PAN no sólo la mayoría relativa, sino también dos tercios del Congreso para introducir reformas en la Constitución (aunados, claro, a los votos que controla la Maestra). Por el contrario, sin los votos del PRI, la reforma de Calderón está condenada a la muerte.

La pregunta que las y los mexicanos nos hacemos es: ¿Qué va a exigir el PRI a cambio de su venia en la negociación con el gobierno? La respuesta que muchos intuimos es terrible: sostener contra viento y marea a dos gobernadores delincuentes (Ulises Ruiz, de Oaxaca, y Mario Marín, de Puebla) y a un aspirante a serlo (Jorge Hank, en Baja California). Los dos primeros están siendo investigados por la Suprema Corte de Justicia y el veredicto de los ministros eventualmente podría provocar su caída.

Beatriz Paredes no ha dejado duda de que su partido hará lo necesario para defenderlos. El diputado priista Carlos Chaurand, presidente de la comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, manifestó el viernes pasado que la advertencia de que podría haber un juicio político contra los mandatarios Mario Marín y Ulises Ruiz, no propicia los acuerdos. “Habemos compañeros que estamos dispuestos a hacer el esfuerzo por ir adelante en la reforma fiscal, pero atacándonos lo vemos difícil. Lo cual no debería ser motivo para que se detenga la reforma, pero no soy ingenuo de que todos estos ingredientes la detienen”. En otras palabras, una amenaza velada muy próxima a la extorsión política: exoneración de Marín y de Ulises a cambio de la reforma.

Beatriz Paredes incluso afirmó que la Suprema Corte podría estarse excediendo al meterse en asuntos políticos. Curiosa interpretación de la política, como una especie de “cosa nostra” y patrimonio absoluto de los funcionarios; como si la política fuese una dimensión ajena a las leyes. El viernes pasado, el coordinador de los senadores priistas, Manlio Fabio Beltrones fue mucho más lejos: propuso que en la próxima reforma del Estado se ponga un alto a las atribuciones de la Suprema Corte para investigar la violación de los derechos humanos. Gamboa Patrón, coordinador de los diputados, apoyó a su colega y aseguró que veía conveniente “la revisión de la estructura y el funcionamiento del poder judicial”. Los líderes priistas no consideran que exista un daño a la sociedad con gobernadores y autoridades que violan la ley; el problema, para ellos, es que haya tribunales que llamen a cuenta a esos gobernadores delincuentes. Solución: eliminar los tribunales (no las prácticas delictivas).

Llama la atención la involución de Beatriz Paredes, que durante mucho tiempo mantuvo la imagen de priista moderna, feminista y con sensibilidad social. Su único problema es que ahora es presidenta del PRI. El poder tiene la extraña capacidad de deslavar a las personas de toda consideración ética. El poder “des moraliza” actos y convicciones. En la investigación de los ministros a Ulises Ruiz, el PRI no ve a un mandatario que se excedió en la represión y ha generado una situación de ingobernabilidad crónica en Oaxaca, por no hablar de los 20 muertos que dejó tendidos en la calle. El PRI simplemente ve una maquinación política en su contra, porque es incapaz de concebir toda consideración ética, legal o de justicia social.

El caso del gober precioso en Puebla no se queda atrás. Para los priistas, todo el escándalo no fue sino una maniobra electoral para hacerles perder votos en Puebla. Es una noción insostenible, pero no debe subestimarse el poder de la autonegación. Siete meses antes de la elección, Marín decidió usar la justicia poblana para darle un escarmiento a Lydia Cacho, a petición de su amigo Kamel Nacif, protector del pederasta Succar Kuri. Marín se metió solito en el entuerto. En Los Demonios del Edén, el libro de Cacho sobre el pederasta y las víctimas, nunca se menciona al gober precioso, ni se habla de Puebla. El 14 de febrero del 2006, cinco meses antes de la elección se hicieron públicas las conversaciones de Kamel con Marín y otros personajes, para violar y torturar a Lydia Cacho. No había necesidad de maquinación política para que el PRI perdiera votos luego de que los diálogos de Marín le dieran la vuelta al mundo.

Otros priistas han afirmado que Marín simplemente ha sido víctima de una especie de protagonismo de parte de la periodista Lydia Cacho. Se les olvida que a todo lo largo de 2006, antes, durante y después de las elecciones, Lydia estuvo sujeta a un auto de formal prisión dictado por una juez de Puebla, bajo un procesamiento plagado de arbitrariedades que hacían imposible su defensa jurídica. Testigos y pruebas desaparecían de expedientes y sus dos primeros abogados fueron amedrentados para abandonar su defensa. Su única salida para evitar terminar en la cárcel era denunciar el atropello ante la opinión pública. Por lo demás, la reiteración de amenazas de muerte dejaba claro que su mejor defensa era asegurarse de elevar la factura política para los hombres de poder que querían desaparecerla.

Si las instancias democráticas funcionaran para deponer a gobernadores delincuentes, la Suprema Corte no tendría que ventilar estos asuntos. Mientras tanto es lo único que tenemos. La Suprema Corte es la garante última de los derechos fundamentales de las y los ciudadanos ante los poderosos. René Delgado lo dejó asentado en su artículo este sábado. “Si el precio de la reforma fiscal es ratificar la subcultura de la impunidad, la arbitrariedad y el cinismo, vale la pena pagarlo. Pueden los pricapiedra pretender mezclar los dos asuntos [reforma fiscal vs. enjuiciamiento de gobernadores] y chantajear con ello al presidente e insistir en que el Estado de derecho es un factor prescindible en nuestra democracia defectuosa, [eso] sólo hará más defectuosa a nuestra democracia”.

06/17/07 11:51 AM - 3 comentarios

Los nuevos héroes de la película

Esta semana los ministros de la Suprema Corte podrían darnos a las y los ciudadanos dos poderosas razones para pensar que aún existe esperanza en el entramado institucional de la justicia mexicana, que muchos dábamos por perdido. Entre lunes y martes los jueces resolverán si dan entrada al caso de las violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno de Ulises Ruiz de Oaxaca, y el jueves fallarán sobre el penoso tema del “gober precioso”, Mario Marín, de Puebla. Ambos casos parecían destinados a formar parte del inmenso archivo de agravios e infamias en contra de los y las mexicanas. Pero de un tiempo a esta fecha, ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidieron que alguien tenía que salir al rescate de nuestra crisis institucional.

El caso de Oaxaca es lastimoso por donde se le mire. El conflicto provocó desplome del turismo, agravando la miseria de una de las regiones más pobres del país. Es obvio que a lo largo del 2006 las partes involucradas cometieron ilícitos de distinta índole, pero el gobierno federal “resolvió” el tema reprimiendo a una de las partes y encarcelando a sus líderes. Sólo ha sido cuestión de tiempo para que el descontento volviese a brotar. Independientemente de lo que cada uno de nosotros piense sobre ese conflicto, es evidente que existe una herida abierta en Oaxaca, y que los ministros podrían comenzar a cerrarla. Reprimir a los inconformes y pedirles que se sienten a negociar con el probable responsable del asesinato de varios de ellos, es exigir demasiado. Sólo mediante la aplicación de una justicia imparcial podrá Oaxaca sentar las bases para reconstruir un clima de confianza. Los ministros tienen la palabra. O mejor dicho, tres de ellos, porque los ocho restantes ya votaron el jueves pasado con un saldo equilibrado (cuatro a favor de aceptar el caso de Oaxaca, cuatro en contra). El lunes terminará el suspenso.

El caso de Puebla es mucho más dramático, porque se encuentra ya en “segunda instancia” y en la semana habrá resolución definitiva. Pocos mexicanos tendríamos duda sobre la culpabilidad de Marín y su puesta en común con Kamel Nacif para darle un “coscorrón” a Lydia Cacho por andar publicando un libro sobre pederastas. Todos escuchamos las grabaciones. En cualquier otro país la indignación pública y, sobre todo, las leyes habrían provocado que los responsables terminaran en la cárcel. Son autoridades que vendieron la justicia a un particular con el objeto de detener ilegalmente, torturar y violar a una periodista que denunció el abuso sexual en contra de niñas por un pederasta y su red de protección. Pero año y medio después de los hechos, no ha habido poder humano que permita al gobernador ser sometido a la justicia.

El sistema judicial puso en operación una gran cantidad de recursos para castigar el atrevimiento de esta ciudadana: la desaparición de pruebas, incluida la computadora de la CNDH en que estaban testimonios de testigos claves, el amedrentamiento de testigos, la repetición ad nauseum de interrogatorios para desgastar a la denunciante, el atentado perpetrado en la camioneta de PGR en que viaja la periodista; la campaña de descalificación de parte del gobierno poblano contra Cacho, gracias al acceso ilegal de materiales en poder de la fiscalía; el tortuguismo malintencionado de ministerios públicos y jueces. Un sistema de justicia diseñado para impartir injusticia. Hasta que llegó el asunto a la Suprema Corte.

Para sorpresa de muchos poderosos, todo indica que el resultado de la investigación preparado por los ministros es desfavorable a Mario Marín. Si el plano confirma este fallo el jueves próximo, se habrá dado un paso histórico. De ser encontrados culpables los responsables tendrían que recibir una orden de aprehensión y el poder legislativo tendría que comenzar un procedimiento de desafuero de Mario Marín. Por vez primera en la historia del país, la denuncia de una ciudadana “de a pie” contra un gobernador habría prosperado.

Sabiendo lo que está en la balanza, este lunes un grupo de ciudadanos encabezados por artistas e intelectuales (entre ellos Alfonso Cuarón, González Iñárritu, Luis Mandoki y Guillermo del Toro) presentará un exhorto a la opinión pública y a los ministros para que se haga justicia. El texto que han preparado lo deja claro: “Se está juzgando mucho más que una violación a los derechos humanos de una periodista que dio voz y protege a niños y niñas abusadas. Lo que está en juego es saber, de una vez por todas, si las y los mexicanos comunes tenemos alguna posibilidad de que el Estado nos proteja de los criminales que se alían con servidores públicos…

“Exhortamos a Ministras y Ministros de la Suprema Corte a devolver a las y los ciudadanos mexicanos nuestro derecho a confiar en los tribunales. Hasta ahora las repercusiones sufridas por las víctimas de Succar y la persecución en contra de Lydia Cacho, parecerían dar la razón a ocho de cada diez mexicanos, que consideran inútil denunciar un delito porque las instituciones del Estado no les darán protección. Si las autoridades poblanas son eximidas de su responsabilidad, si no se reconoce la evidente existencia de redes de pornografía, abuso y trata de menores en México, será muy difícil que algún otro ciudadano o ciudadana se atreva a desafiar en un tribunal a hombres que utilizando el poder público corrompen a la sociedad y fortalecen la criminalidad en México.”

“Eres mi héroe, Papá”, le dijo Kamel Nacif a Mario Marín por los favores recibidos. Los héroes de la película de esta semana podrían ser los ministros de la Corte, si hacen honor a los verdaderos héroes de toda esta historia: las niñas y niños abusados sexualmente y que hace cuatro años se atrevieron a denunciar a sus victimarios haciendo un voto de confianza en los tribunales mexicanos. El fallo de los ministros determinará si esos niños, si Lydia Cacho, estaban en lo correcto al recurrir a la justicia.

06/10/07 4:59 AM - 2 comentarios

Ética para Omar

Omar llegó a la conclusión de que la única forma de no ser golpeado y asaltado era uniéndose a la banda. Estaba harto de vivir bajo el miedo perenne de ser apuñaleado cualquier noche de regreso a su casa. Había optado por dejar de ir a la secundaria aprovechando que su madre cumplía largas jornadas de camarera en un hotel. Omar carecía de atributos intelectuales y emocionales para sobrevivir como estudiante y a falta de opciones merodeaba por las calles de Cancún en busca de una ocasión que nunca se presentaba. Finalmente la soledad y la búsqueda de protección lo orillaron a ingresar a la banda Las Panteras de Cancún a los 14 años. Simplemente tuvo que cumplir el requisito de ingreso: violar a una mujer y asesinar a un rival. Lo hizo.

No es fácil ser joven y de escasos recursos en el México de ahora. Un adolescente de 14 años de ciudad Neza o de Cancún, tiene una alta probabilidad de haber crecido en un hogar monoparental, a cargo de una madre o una abuela ausente por el trabajo. Peor aún, es muy posible que a lo largo de su infancia se haya relacionado con adultos que carecían de interés o herramientas para enfrentar la paternidad. Madres que lo fueron porque asumieron que su destino era traer algún hijo al mundo, pero que ellas mismas eran adultas desvalidas, víctimas del desinterés de las leyes del mercado, mártires vocacionales de la violencia arbitraria.

El problema de todos estos jóvenes es que han crecido en la desesperanza crónica. No sólo porque vivieron en hogares vapuleados por la post modernidad; con las mismas carencias seculares de sus antepasados, pero sin las redes sociales y familiares que en el pasado arropaban la miseria y la soledad. Padres y madres adolescentes incapaces de escapar del círculo perenne de hogares patológico azotados por el abuso y los malos tratos psicológicos. Niños que crecen bajo el resentimiento de una madre abandonada o de un padre “atrapado” por la responsabilidad no deseada. Dice Ashley Montagu que “la única forma de aprender a amar es siendo amado. La única forma de aprender a odiar es siendo odiado. Esto ni es fantasía ni teoría, simplemente es un hecho comprobable”.

Una estadística del departamento de Justicia de Estados Unidos indica que el abuso y el abandono durante la infancia aumentan en un 53 por ciento las probabilidades de ser detenido por un acto criminal durante la juventud. Dice el psiquiatra español Luis Rojas Marcos que “las personas que en el pasado se han sentido impotentes ante obstáculos o tropiezos, porque pensaban que hicieran lo que hiciesen no cambiaría nada, tienden a adoptar una disposición apática y a deprimirse ante los reveses futuros” (En Nuestra incierta vida normal. Santillana Ediciones, 2004). En otras palabras, la vulnerabilidad constante experimentada a lo largo de la infancia imprime huellas indelebles en el carácter, pues instala en el individuo un miedo crónico que termina por secuestrar la capacidad para distinguir las fronteras entre lo correcto o lo incorrecto, entre el bien y el mal.

Los expertos coinciden en que la composición familiar y los valores recibidos en el hogar es la dimensión que más incide en la criminalidad. No es de extrañar que ante los crecientes indicadores que dan cuenta da la descomposición de los hogares y el debilitamiento de las redes familiares, la delincuencia juvenil esté aumentando. Pero no es el único factor desencadenante. La formación escolar y los valores culturales difundidos por los medios de comunicación constituyen otra dimensión importante. En ambos terrenos el saldo es igualmente pernicioso.

Las estadísticas muestran que el nivel de la calidad de la educación pública en México es deplorable y está en retroceso. Las posibilidades de que la escuela logre subsanar o paliar en alguna medida las carencias que un niño experimenta en el hogar en materia de atención, cariño o valores éticos son prácticamente nulas. Enfrentada ante la disyuntiva de atender a su hijo o trabajar, una madre soltera o abandonada carece de apoyos estatales para suplir el déficit familiar.

La cultura mediática y los valores impulsados por la sociedad de consumo lejos de compensar el deterioro de la calidad de vida familiar, lo recrudecen. Niños abandonados a su suerte entre superhéroes de la televisión, caricaturas violentas y parafernalias bélicas de todo tipo. Una cultura que celebra la agresión como método preferente para resolver conflictos; un aprendizaje continuo por parte de los niños para utilizar la violencia en su propio beneficio.

Mala época para ser un joven. En un artículo reciente The Economist revela que los niveles de criminalidad en Estados Unidos han comenzado a aumentar de nuevo en todo el país, excepto en Los Ángeles, Nueva York y Chicago. Buena parte de la explicación tiene que ver con los jóvenes: “Gracias en parte al elevado precio de los inmuebles, las tres ciudades expulsan población joven. En conjunto han perdido 200 mil persona entre 15 y 24 años de edad. Y si bien eso perjudica la creatividad y la competitividad en el futuro, es una buena noticia para la policía”.

En resumen, la criminalidad juvenil, una plaga que crece a escala mundial, es menos un problema sociológico y más un fenómeno ético. Hay una crisis de valores endémica instalada en la matriz misma de la cultura moderna. En medio del desarrollo tecnológico nos hemos convertido en analfabetas de la felicidad, en ignorantes supinos de las verdaderas ciencias de la vida.

Si a la tendencia mundial añadimos la corrupción crónica que padece nuestro país, y la desesperanza estructural en que vive la mitad más pobre de nuestra población, uno tendría que extender certificados de heroísmo a los millones de jóvenes que se obstinan en la felicidad y rehúsan rendirse ante un destino que les ofrece tan pocas posibilidades. Hay esperanza. Pero mientras tanto, ¿no podríamos hacer algo más por ellos?

06/3/07 3:58 AM - 8 comentarios

La Reina del Panal

El hombre más poderoso de México no es Carlos Slim, Felipe Calderón o Emilio Azcárraga. De hecho es una mujer. Elba Esther Gordillo dirige un partido político, influye decisivamente en varios gobernadores y controla un millón y medio de agremiados que reciben un presupuesto anual de 25 mil millones de dólares anuales. Hace unos meses escribí un artículo intitulado “¿Qué hacemos con Elba Esther Gordillo?” En él externaba la preocupación de muchos por el enorme poder que le había conferido Felipe Calderón, como pago de su alianza. Luego de seis meses del ejercicio de este poder de parte de la Maestra, me parece que tendríamos que hacernos otra pregunta: ¿Qué va hacer Elba Esther con todos nosotros?

¿Exagerado? Hace unas semanas en un programa de televisión en vísperas de la negociación salarial del 15 de mayo, intentamos entrevistar a las dos partes involucradas, es decir, al sindicato y a la SEP. Por la parte del sindicato asistió Rafael Ochoa Guzmán, el hombre de confianza de Gordillo, y del lado contrario, de parte de la SEP, se presentó el subsecretario de educación básica Fernando González…el yerno de Gordillo.

Los números no mienten. La negociación obtenida consiste en 7 por ciento de incremento, casi el doble que la inflación y superior al aumento de los burócratas. Esos privilegios estarían justificados si efectivamente el mejoramiento del salario de los maestros se tradujera en un mejor nivel educativo para el país. Pero no es así.
En los últimos años el gasto por alumno se ha multiplicado por seis, pero los indicadores de calidad en el desempeño escolar siguen desplomándose.

El magisterio absorbe 90 por ciento del gasto total en educación, la proporción más alta de todos los países del mundo donde hay información confiable. En Estados Unidos los salarios son inferiores al 50 por ciento del gasto educativo, por ejemplo. En México el SNTE ha distorsionado la estructura del gasto para canalizar los recursos a los salarios en detrimento de la infraestructura y los recursos pedagógicos. Una parte del problema es que el éxito profesional dentro del magisterio depende más de la lealtad al sindicato que al desempeño en las aulas. Pese a la recomendación de todos los expertos para que el incremento salarial de mayo pasado estuviese condicionado al desempeño de los profesores, el SNTE rechazó cualquier sistema de responsabilidad académica.

Esto significa que el sindicato dominado discrecionalmente por Gordillo controla un presupuesto anual destinado a maestros cercano a 3 por ciento del producto interno bruto, lo cual supone una proporción que fluctúa entre 20 mil y 25 mil millones de dólares anuales. En otras palabras, el equivalente a la mitad de la fortuna de Slim se destina a los agremiados bajo control de la Maestra.
En respuesta a las críticas en los últimos días el SNTE ha puesto en marcha una inmensa campaña mediática para convencernos de que no existe una educación de primera y otra de segunda. Podrían estar en lo correcto, aunque por razones involuntarias: cada vez en mayor proporción la educación primaria pública se está uniformando hacia abajo, para convertirse toda en una educación de segunda clase.

Sin embargo, en la política el SNTE nunca había sido tan poderoso. No es casual que la única reforma del Estado que hasta ahora ha intentado el gobierno de Calderón, haya sido la relativa a la ley del ISSSTE, un bastión entregado a ese grupo político, con la titularidad de Miguel Ángel Yunes. “La Maestra” recibió además la Lotería Nacional, por conducto de su financiero de toda la vida, Francisco Yánez, y la secretaría técnica del Sistema Nacional de Seguridad Pública para Roberto Campa, ex candidato presidencial del PANAL.

Algunos habían interpretado la excesiva generosidad de Felipe Calderón para con este grupo político como una especie de pago momentáneo por la alianza “forzada” en el proceso electoral. Según esta tesis, Calderón buscaría afianzarse en Los Pinos, para luego rescatar del corporativismo mafioso a la educación nacional. Por desgracia los hechos no parecen caminar en esa dirección. Por un lado, la vinculación entre el PANAL y el PAN se confirma con cada elección regional haciendo del primero un partido al servicio del presidente (incluso con mayor lealtad que el propio PAN de Manuel Espino). Por otra parte, el grupo político presiona directamente y a través de periodistas y columnistas para exigir la renuncia de Josefina Vázquez Mota como titular de la SEP, para colocar a una figura más “a modo” para los intereses de la Maestra Gordillo. Hay fuertes indicios de que lo van a conseguir más temprano que tarde.

Pero sobre todo las reformas del ISSSTE muestran la enorme confianza de Calderón en su alianza con Gordillo. Su jugada más arriesgada en materia de políticas públicas decidió asumirla en el campo que tutela la Maestra, lo cual acrecienta el peso e influencia de este grupo político. Felipe Calderón decidió sacrificar valores importantes (democráticos, calidad de la educación) en aras de consolidarse en el poder. Pero nada resulta gratis. La inesperada y cada vez más radical protesta en contra de las reformas del ISSSTE es encabezada justamente por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, es decir la disidencia del sindicato. La CNTE teme que estas reformas le otorguen un poder aún mayor a Gordillo y a Yunes, al convertirse en gestores de un fondo de pensiones de valor incalculable. Y tiene razón.

Parecería que Calderón se ha empantanado en su relación con el grupo político que encabeza Elba Esther Gordillo. En lugar de comenzar a tomar distancia a medida que transcurre el sexenio, todo indica que cada vez está más atrapado en las celdas del panal. Al costo del secuestro de la educación básica por parte de este corporativo, ha complicado el proyecto de reformas del ISSSTE al convertir a un grupo político en beneficiario de una ley que debió haber sido en provecho de todos.