05/29/07 2:13 PM - 2 comentarios
No siempre coincido con los puntos de vista de Ciro Gómez, amigo de mucho tiempo. Con frecuencia me encuentro sosteniéndo posiciones justamente contrarias. Pero su columna de hoy en Milenio me merece respeto y admiración. En momentos en que las televisoras lanzan una campaña de descalificación en contra de Javier Corral, quien ha sido el crítico más duro en contra de la llamada Ley Televisa, Ciro Gómez cuestiona tales ataques y reivinica su reconocimiento al ex senador. Recordemos que hace unos días López Dóriga dio a conocer en su noticiero que Javier Corral estaba siendo demandado por Televisa Chihuahua, por una deuda resultante de la campaña electoral en su estado. En realidad fue una nota desafortunada, cercana a la denigración, porque el PAN de Chihuahua ha reconocida la deuda como suya. La mención de Corral en cadena nacional simplemente se hacía para descalificarlo como crítico.
El artículo de hoy de Ciro no sólo es correcto sino también valiente, toda vez que en los últimos meses se ha desempeñado como colaborador de Televisa. No es usual que en estos tiempos un periodista anteponga sus convicciones a sus inereses. Enhorabuena. Adjunto el artículo
Javier Corral
Por Ciro Gómez. Publicado en Milenio, 29 mayo, 2007
Conocí de cerca al entonces senador del PAN Javier Corral en los días del Chiquihuite, cuando Tv Azteca tomó a punta de pistola la planta transmisora de CNI/Canal 40. Enero de 2003. Él llegó por su cuenta, como voluntario en una batalla.
Me costaba entenderlo. Su lenguaje pletórico en sofisticaciones legales y palabras de la jerga de telecomunicaciones, se mezclaba con interpretaciones políticas, a veces abiertas, a veces encriptadas. Bien a bien, no sé qué tan eficaz fue su apoyo. Lo que no olvido es su solidaridad. Cuando se recuperó la señal del Canal 40, él fue de los que no pidió nada a cambio de los desvelos y las malas pasadas.
Por eso creo que Javier Corral (a quien sólo he vuelto a ver una vez desde entonces) es un hombre de convicciones. No comparto su radicalismo a ultranza frente a la ley Televisa, pero me parece injusto que se le quiera hacer pasar como un mercader que se opone sólo para lucrar y obtener quién sabe qué beneficios. Por cierto, la primera campaña de lodo que le tiraron fue a los pocos días de concluido el Chiquihuite.
Él dice hoy que la ley Televisa viola el principio constitucional de igualdad, contraviene la prohibición impuesta al Congreso de la Unión de crear leyes privativas, impide a la Cofetel hacer efectiva la prohibición de las prácticas monopólicas. Y varias cosas más. Ha estudiado el tema. Piensa, y lo dice, que la ley no es buena.
Como hace cuatro años, me cuesta entender su lenguaje de leyes y telecomunicaciones. No sé si tenga razón. Pero ni él ni nadie merecen ser ridiculizados, denigrados, por apoyar o enfrentarse a una ley, un gobierno, un partido de izquierda o derecha, un poder.
Lo digo por gratitud. Y por convicción.
05/27/07 2:30 PM - 2 comentarios
Es irónico que los personajes de mayor peso político e influencia en el sexenio de Calderón no pertenezcan al gabinete: Manuel Espino, presidente del PAN y Camilo Mouriño coordinador de la oficina de Los Pinos (además, claro, de Elba Esther Gordillo, líder del SNTE, y Emilio Gamboa, coordinador de los diputados del PRI). Por una razón u otra estos políticos han sido claves en la definición de la agenda nacional durante los primeros seis meses del gobierno de Calderón, pese a que ninguno de ellos encabeza una secretaría de Estado. Un síntoma de lo mucho que ha cambiado el entorno institucional.
Sin duda, son Manuel Espino y Camilo Mouriño, después de Calderón, los principales protagonistas de la anécdota política. El primero por lo mucho que se ha dedicado a hablar; el segundo por lo mucho que ha dado de que hablar.
Camilo Mouriño, conocido como Iván entre sus amigos, se ha convertido en el hombre más poderoso del equipo presidencial. Una mezcla de Córdoba Montoya (Carlos Salinas), Liébano Sáenz (Ernesto Zedillo) y Ramón Muñoz (Vicente Fox). Es la figura omnipresente detrás o al lado de Calderón en toda reunión importante de política interior o exterior. Constituye una especie de jefe de gabinete, que a través de Max Cortázar, el coordinador de comunicación, ejerce un control estricto sobre las acciones y expresiones de los titulares de las distintas secretarías de Estado. Pero no sólo eso, Mouriño logró colocar a varios subsecretarios y oficiales mayores leales a su grupo en buena parte de los ministerios, lo cual le permite mantener mayor supervisión y disciplina sobre el gabinete en su conjunto.
Gobernadores, secretarios y distintos partidos, se han quejado de la manera en que el equipo de Mouriño ha conducido una estrategia callada pero efectiva de colocación de panistas de confianza en los entramados que sustentan al gobierno federal. Delegados y subdelegados federales por todo el país están siendo relevados para colocar en su lugar a militantes del blanquiazul.
Esta mezcla de Maquiavelo y Fouché, es la respuesta de Calderón a la presidencia desmantelada que heredó de Fox. Además de un gabinete disciplinado, Camilo ha logrado hacer de la función pública un escenario en el que todos los reflectores están dirigidos al Presidente. Ha operado diligentemente para proporcionarle al jefe de gobierno un mayor apoyo entre gobernadores y un mayor control sobre el PAN. Lo ha conseguido.
Pero el poder que concentra eventualmente podría ser un factor de desestabilización, sea porque no resista introducir su propia agenda e intereses, o simplemente porque su área de influencia crezca de tal forma que colisione con otras fuerzas e instituciones. Córdoba Montoya terminó por meter en problemas a Salinas, y Ramón Muñoz, ante el desinterés de Fox, utilizó su puesto para colar a miembros de su fracción ultraconservadora en posiciones claves, sin atención a capacidades y merecimientos. Ciertamente, Felipe Calderón es un político profesional con demasiada experiencia como para ser “chamaqueado”, pero también es cierto que existe un vacío legal sobre responsabilidades y atribuciones con respecto a este puesto, lo cual podría hacerlo incontrolable. El poder que Mouriño ha concentrando es muy superior al de sus antecesores.
Parte de ello ha sido denunciado por Manuel Espino. El presidente del PAN, quien pertenece a una corriente distinta a la de Calderón, ha buscado mantener al partido ajeno al control de Los Pinos (es decir, Mouriño). Formalmente está en lo correcto: mal haría el blanquiazul en convertirse en un partido paraestatal similar al que criticó durante tantos años. Pero en su afán de mantener la autonomía, Espino ha opinado a tontas y locas, y ha intervenido en política interior y exterior a contrapelo de las posiciones presidenciales, para escándalo de propios y extraños.
Más allá de lo inconveniente que sería un PAN convertido en instituto político extensión de Los Pinos, lo cual sería rechazado por muchos militantes, es evidente que la figura de Manuel Espino ha dejado de ser funcional bajo cualquier esquema.
Sus revelaciones sobre las elecciones en Yucatán constituyen una lápida a la posibilidad de construir una sana distancia. Espino asegura que advirtió a Mouriño de no enviar operadores políticos a Baja California, como lo hizo en Yucatán, dejando entrever que eso había ocasionado la derrota yucateca. Las implicaciones son explosivas. Sea porque infieren una especie de concertasesión desde Los Pinos para que ganara el PRI o simplemente porque acusan la ineficacia de la campaña panista por la interferencia de operadores (lo cual implicarían un delito electoral de parte de Los Pinos).
Sea una cosa u otra, ambas muy graves, lo cierto es que Espino decidió hacer pública una conversación política sostenida con Mouriño, para perjudicarlo. Ese simple hecho lo descalifica para seguir siendo interlocutor legítimo entre el PAN y el presidente. Ha perdido el mínimo de confianza que requieren los actores políticos para intercambiar posiciones y establecer acuerdos. Mucho más tratándose, como es el caso, de un supuesto aliado político.
El PAN tendrá que encontrar un equilibrio saludable. Como partido en el poder debe dar a su presidente las dosis de apoyo indispensable, pero al mismo tiempo debe entender que Calderón gobierna para todos los mexicanos, lo cual implica negociar y convivir con otras tendencias e ideologías. Esto requiere una posición prudente y madura de parte de los líderes del PAN. Pero es demasiado pedir en el caso de Manuel Espino, un hombre rebasado por sus limitaciones, ansias de poder y resentimientos. El próximo domingo este partido elegirá a su consejo nacional. Más allá del resultado, que definirá la naturaleza del partido en su relación con el gobierno, Manuel Espino será presidente todavía un año más. Más temprano que tarde el PAN tendría que decidir qué hacer con el líder de su partido; bajo las actuales circunstancias este período puede convertirse en una verdadera pesadilla.
05/20/07 9:24 AM - 10 comentarios
Apenas once días después de haber tomado posesión como presidente, Felipe Calderón lanzó su cruzada en contra del narcotráfico. Fue una medida aplaudida, aunque tomó por sorpresa a la opinión pública. Por desgracia, los ciudadanos no fueron los únicos sorprendidos. Cada vez es más evidente que el ejército y los cuerpos de seguridad no estaban preparados y carecían de la información para arrancar una guerra de guerrillas en contra del narco.
En realidad, tampoco Felipe Calderón estaba preparado para hacer del combate a los cárteles el eje de su primer año de gobierno. A lo largo de la campaña electoral en 2006 Calderón habló muy poco sobre narcotráfico, a pesar de que el número de ejecuciones rompía récords históricos y la nota roja disputaba a los candidatos las ocho columnas de los periódicos. Todo indica que los cárteles de la droga no figuraban en la lista de prioridades del presidente electo. El fantasma de la crisis del 95 (al inicio del sexenio de Ernesto Zedillo) y la polarización de la sociedad mexicana luego del voto dividido el 2 julio, hacían que los temas políticos y económicos concentraran la atención de Calderón y sus colaboradores. No es casual que las carteras de Hacienda y de Gobernación fueran decididas con semanas, quizá meses, de anticipación, mientras que las de Seguridad Pública y de la Procuraduría se resolvieran apenas unas horas antes de la toma de posesión.
Y sin embargo, once días más tarde el Presidente decidió volcar al ejército mexicano y a las corporaciones policíacas en una lucha masiva en contra de un enemigo al que no se encuentra. Cinco meses después todos los indicadores señalan la necesidad de hacer un alto en la campaña, evaluar métodos y estrategias, para relanzar esta combate. Los precios de la droga no ha disminuido (lo cual significa que no se ha dañado la actividad), las ejecuciones han aumentado y no hay detenciones de capos importantes. Tan pronto como los pelotones se retiran de una región, las bandas reinician su actividad. Visto así, no hay ejército que alcance para ocupar todo el territorio de forma permanente. Mientras tanto se descuida el combate de otros crímenes: secuestro, delitos comunes y piratería.
Resulta evidente que la decisión sobre el momento y la forma de atacar al narcotráfico fue tomada por motivos políticos. Calderón necesitaba fortalecer su posición en Los Pinos, y acertadamente juzgó que un golpe de firmeza ofrecería a los mexicanos la percepción de que, ahora sí, ya había “un piloto en la cabina de mando”. El mandatario logró su objetivo: los niveles de aprobación que hoy registra, cercanos a 70 por ciento, eran impensables hace algunos meses.
Pero tal efecto fácilmente podría revertirse en contra del presidente, en la medida en que la opinión pública comience a percibir que los operativos no han dado resultado. O peor aún, que la cruzada misma fue realizada por los motivos equivocados, sin los recursos necesarios y en un momento inoportuno.
Calderón debió primero hacer una revisión de los cuerpos policíacos, que actualmente se encuentran infiltrados por el crimen organizado. Los propios comandantes, ministerios públicos, agentes de la AFI, desconfían de su entorno y de sus compañeros, pues no saben quienes están bajo sueldo o pueden ser comprados. No es de extrañar la escasa información para inteligencia que poseen los altos mandos. Nadie suelta nada por temor a ser ejecutado. Pero en lugar de eso, el presidente designó a los mismos operadores, con lo cual prácticamente todo el edificio policíaco colapsado sigue vigente: Genaro García Luna pasó de la AFI a la Secretaría de Seguridad Pública; y Eduardo Medina Mora de Seguridad Pública pasó a la PGR (con ello no quiere decir que estos funcionarios hayan sido corrompidos ni mucho menos; simplemente advierto que la inmovilidad de las cabezas propicia que prevalezcan las mismas estructuras intermedias).
Una verdadera cruzada en contra del narco debió haber sido preparada durante varios meses. Antes de dar el golpe tendría que haberse conocido mejor la ubicación de los capos, sus redes dentro de la policía, sus contactos en el sistema financiero y sus protectores políticos. El régimen calderonista habría adquirido prestigio internacional con el anuncio de la detención de una docena de capos y un centenar de sicarios, algunos funcionarios bancarios, algún procurador estatal (y ¿por qué no? de algún gobernador involucrado). Habría sido deseable ver iniciativas presidenciales para impedir el lavado de dinero en los circuitos financieros. Todo eso habría sido más eficaz que desplazar a 70 mil soldados por todo el territorio a dar palos de ciego.
El caso de Bush e Irak podría ser un buen ejemplo para poner las barbas de Calderón a remojar. Habría algunas similitudes, toda proporción guardada (e insisto en ello). De la misma forma en que Washington creyó que el simple derrocamiento de Sadam impondría la democracia, el gobierno mexicano asumió que el despliegue masivo de miles de soldados en una región instauraría el estado de derecho y bastaría para apabullar a una docena, o quizá centena, de criminales. Como en Irak, las decisiones obedecieron a razones políticas y se subestimaron los datos técnicos y profesionales. En ambos casos se ha carecido de conocimiento sobre el enemigo y la mejor manera de enfrentarlo. A Bush, como a Calderón, el arranque de las hostilidades le propició altos índices de aprobación. La mayor diferencia, además de la desproporción de escalas, es que el fracaso de la operación ha terminado por sepultar a Bush en el oprobio.
Calderón tiene razón cuando pide la participación de toda la sociedad en el combate en contra del narco. Es una guerra que el Estado mexicano no puede ganar solo. Pero la sociedad entonces estaría en su derecho de exigir al gobierno que emprenda esa guerra por las razones correctas y con los métodos adecuados. De otra forma, el derramamiento de sangre se convierte en un saldo inaceptable, criminal.
05/13/07 9:54 AM - 5 comentarios
Felipe ha leído a los clásicos. Originalmente la guardia pretoriana era un cuerpo militar al servicio personal del emperador romano. Con el tiempo fue utilizado no solamente en la guerra, sino también en la política. En esta semana se anunció la integración de un nuevo cuerpo de élite entre el ejército, bajo la supervisión directa del Presidente. La buena noticia es que se tratará de un organismo especializado en el combate al narcotráfico. La mala es que también servirá para sofocar conflictos sociales. Lo primero es para aplaudirse, lo segundo para condenarse.
Nuestros cuerpos policíacos están colapsados por lo que respecta a la lucha en contra del narco. No sólo porque han sido penetrados o corrompidos, sino también porque carecen de la capacidad de fuego, armamento y margen de maniobra que exhibe el crimen organizado. Incluso los policías honestos terminan siendo víctimas de un enfrentamiento desigual entre pistolas de un lado y armas automáticas, granadas y bazucas del otro.
No existe en la sociedad mexicana algún sector con capacidad real para librar esta batalla, excepto el ejército. Es un dato de la realidad, nos guste o no. Yo he sido un crítico de la participación de los militares en esta guerra por los riesgos que representa para la sociedad mexicana: desde tentaciones de mayor protagonismo castrense en la política hasta peligros de corrupción entre los generales y la posibilidad de que el ejército caiga en manos de los cárteles.
Involucrar al ejército en el combate contra el narcotráfico implica asumir altos riesgos para la seguridad nacional; pero no involucrarlo y dejar “la cancha” libre al crimen organizado pondría de rodillas al país. Un duro dilema. Por eso es que es buena noticia la formación de este cuerpo militar especializado. Deja a los mandos y tropa regular al margen de esta lucha y por lo tanto los aleja de los riesgos de contaminación, y a la vez permite armar una fuerza con la inteligencia militar y capacidad de fuego igual o superior a sus rivales. No es la solución ideal (no las hay); habría que asegurarse de que no se repitiera lo que pasó con los Zetas, originalmente un grupo de élite del ejército cooptado por los narcos. Pero con todo, la opción de Calderón limita daños y riesgos. Hasta allí todo bien.
Lo que resulta inexplicable e inamisible es que esta guardia pretoriana esté destinada, además, “al manejo de situaciones críticas de perturbaciones o alteraciones de la paz social y seguridad pública para restablecer el orden y el estado de derecho”. ¿Qué tiene que ver el combate al crimen organizado con la represión de grupos sociales inconformes? Se supone que son los granaderos con sus macanas y escudos la respuesta del Estado frente a grupos inconformes que rompen “el orden público”. En teoría son cuerpos preparados para evitar un derramamiento de sangre cuando reprimen ¿Qué propósito persigue utilizar a grupos de élite destinados a tratar a sicarios y capos, y dotados de metralletas, bazucas y granadas, para enfrentar a ciudadanos que expresan su insatisfacción?
El “uso personal” de una fuerza militar con atributos jurídicos para reprimir a grupos sociales es una medida fascista. Y no uso la palabra como adjetivo sino como descripción histórica. Justamente es lo que hicieron Hitler y Mussolini: dotarse de fuerzas de choque bajo su control para reducir a la disidencia. Alguien podría argumentar que esa es una referencia excesiva. Pero habría que recordar que el paquete de reformas al aparato de justicia enviado por El Presidente al Congreso, otorga a los ministerios públicos renovadas atribuciones en contra de los ciudadanos y permitiría juzgar a los grupos inconformes bajo penas correspondientes al terrorismo.
Se trata de medidas muy ajenas a la filosofía que dio origen al PAN. Sus fundadores tenían una enorme desconfianza de las atribuciones crecientes del Estado mexicano y la amenaza que eso representaba para las libertades de los ciudadanos comunes y corrientes. Resulta paradójico que el primer presidente verdaderamente panista esté apertrechando al gobierno con recursos jurídicos y militares que reducen las garantías de los mexicanos. Particularmente porque el poder judicial sigue siendo un brazo del soberano y de sus necesidades políticas. Para muestra basta recordar que una de las primeras aplicaciones de las nuevas y severas penas contra el secuestro (67 años de cárcel) fue librada hace unos días a los líderes de Atenco, por haber retenido durante las horas de negociación a sus interlocutores.
La misma justicia que exoneró a Arturo Montiel y su riqueza obscena, termina equiparando a los líderes sociales disidentes con el Mochaorejas, con terroristas y con sicarios del narcotráfico. Ciertamente son personas que incurrieron en delitos en su afán de defenderse, pero es una lucha que nace en respuesta al intento de pagarles bicocas por los terrenos para un aeropuerto, en beneficio de los especuladores. Cuatro años después están condenados a pasar el resto de su vida en la cárcel. Una perspectiva brutal para todos los que consideramos que México necesita cambios profundos.
Políticas de tolerancia cero pero sólo aplicable a lideres sociales y no a gobernadores delincuentes y cuerpos militares para asegurar “la estabilidad social” son acciones que revelan una estrategia de endurecimiento y autoritarismo que va a contrapelo de la apertura democrática que el país venía transitando desde hace años. Se está usando el pretexto del narcotráfico para consolidar un Estado autoritario con mayores y crecientes atribuciones sobre la población civil.
El Estado mexicano carece de recursos políticos y económicos para resolver los problemas de fondo de la sociedad mexicana (pobreza, desigualdad, inseguridad y falta de empleo). Es una incapacidad que va más allá de Felipe Calderón. Pero él ha creído que su responsabilidad es mantener la estabilidad, aún al precio de sofocar las expresiones de inconformidad que provocan nuestras carencias. Incapaz de atacar los problemas, cree que debe eliminar sus manifestaciones. La guardia pretoriana es una de sus respuestas.
05/6/07 4:03 AM - 3 comentarios
Salvo que usted sea tapatío, Abraham González le resultará un perfecto desconocido. Y sin embargo, la tranquilidad, o la falta de ella que los mexicanos habremos de experimentar depende en gran medida de lo que haga o deje de hacer este funcionario. Se trata del responsable de la subsecretaría de Gobierno, justamente la oficina de la SEGOB responsable de la operación política de los principales conflictos abiertos en México (desde Oaxaca y Atenco, hasta el caso de la anciana indígena en Veracruz). De Abraham González depende que estos conflictos no se conviertan en hogueras que terminen incendiando al país.
Por lo mismo llama la atención la falta de experiencia y “credenciales” de este funcionario para encarar la enorme responsabilidad que pesa sobre sus hombros. Ingeniero Civil de profesión, empresario, ex líder nacional de pasteurizadores de leche, apenas en el año 2000 incursionó en la administración pública, primero en la secretaría de promoción económica de Jalisco y luego en la secretaría de administración. En ambos cargos se mostró como un buen administrador, ordenado y eficiente. Pero sin mayor experiencia en la brega política. Algo debe saber Calderón sobre González, que los demás ignoramos, para animarse a colocar en esta delicada tarea de apaga fuegos políticos a un técnico en administración.
Y no se puede decir que no lo conozca. Hace tres años justamente en el rancho de Abraham González se realizó el festejo para destapar a Felipe Calderón como precandidato presidencial, pese al enojo de Vicente Fox. De hecho, aunque González formó parte del gabinete de Ramírez Acuña en Jalisco, su designación como subsecretario no obedece al ex gobernador ahora secretario, sino directamente a Calderón, a quien responde.
A pesar de tal padrino, tendríamos que preguntarnos si los mexicanos no habremos de pagar muy alto el costo de su aprendizaje en materia política. Hace unas horas lo entrevisté largamente y me quedé con la sensación de que el responsable de la operación política del país no entendía la diferencia entre mano firme y mano dura (la entrevista se transmite este domingo a las 10 de la noche por canal Proyecto 40). Sin embargo, él se mostró muy entusiasta de las virtudes del diálogo entre los actores que participan en un conflicto y está confiado en que puede aplicar el estado de derecho a satisfacción de todas las partes. Habrá que extender el beneficio de la duda.
En todo caso en materia de días sabremos si Abraham González merece esta confianza o tenemos razón para deprimirnos. El próximo 15 de mayo se vence el plazo de la combativa sección 22 del SNTE en Oaxaca, para tener una respuesta de este funcionario a un planteamiento que incluye: liberación de detenidos y eliminación de órdenes de aprehensión, cumplimiento a promesas de apoyos en plazas y recursos al sindicato, recuperación de las escuelas de manos de los maestros favorables a Elba Esther Gordillo y la rezonificación (esta última demanda fue la que detonó la toma del Zócalo de Oaxaca justo hace un año).
Hace unos días, el 1 de mayo, 50 mil miembros del sindicato y de la APPO marcharon con la misma fuerza de antes. Los maestros han amenazado con suspender clases y tomar el centro oaxaqueño de manera indefinida si no obtienen respuesta favorable el 15 de mayo. Todo indica que las virtudes y los defectos de Abraham González habrán de ser llevados al límite.
El gobierno de Calderón se ha caracterizado por mostrar una gran iniciativa en materia de conflictos para mostrar que, a diferencia de la pasividad de Fox, ahora si hay piloto en la cabina de mando. Pero en esta prisa por ofrecer resultados han confundido la eliminación de las manifestaciones con la estabilidad. Como si la supresión de los síntomas pudiese sanar la enfermedad. Habría que asumir que los conflictos de Atenco o de Oaxaca están muy lejos de haberse resuelto. En ambos casos, las personas que se encuentran en prisión son ciudadanos correspondientes a los movimientos de protesta y no al de los policías que los golpearon, violaron o, en el caso de Oaxaca, asesinaron. Si bien es cierto que los manifestantes infringieron la ley, no es posible acreditar que se hizo justicia si sólo son castigados los delitos de una de las dos partes en conflicto.
Sofocar manifestaciones con esa estrategia inmediatista equivale a sembrar tempestades mucho más severas. Atenco es el mejor ejemplo. Lo que vivimos el año pasado se originó en un incidente menor: la relocalización de una decena de floricultores. Pero se dio en el contexto de un conflicto mal resuelto tres años antes con la comunidad de Atenco con motivo de la construcción de un nuevo aeropuerto. Con Oaxaca o la comunidad minera de Pasta de Conchos puede suceder lo mismo ahora o más tarde.
Ir por el país “resolviendo” conflictos sin ofrecer solución real a los problemas de la gente equivale a hacer del territorio un campo minado. Encarcelar a los líderes de los grupos inconformes para descabezarlos (en ocasiones sembrándoles droga, como es el caso de David Venegas dirigente de la APPO) ofrece la engañosa sensación de que el conflicto ha desaparecido. O quizá así la parezca a un administrador, pero nunca a un buen político.
El gobierno de Calderón ha optado por proteger a ultranza a los gobernadores priistas como Peña Nieto, Ulises Ruiz y Mario Marín, en su búsqueda de gobernabilidad de corto plazo. El proceso abierto por Gobernación en contra de Brozo por la transmisión de las grabaciones entre Kamel y el gobernador poblano hace unos días revela que nos encaminamos a una nueva etapa de endurecimiento. El coscorrón a Brozo, a pesar de estar en Televisa, es un aviso a todos los medios y periodistas de que la tolerancia ha terminado: la mano firme ya es mano dura. Oaxaca está por confirmarlo. En esta ocasión quisiera equivocarme.
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