Para Miguel Ángel Granados Chapa en sus 30 años de Plaza Pública
Entre las marchas que colapsan las calles de la Ciudad de México y los atentados a ductos de PEMEX, nunca había sido más pertinente la pregunta y título de aquel famoso libro de Julieta Campos: ¿Qué hacemos con los pobres? Las clases medias y acomodadas en México tienen un problema: la mayoría de la población vive en la pobreza y una quinta parte padece pobreza extrema. Peor aun, la mayoría de los que se encuentra en la miseria ha descubierto que la situación no ha mejorado, o de plano ha empeorado con los años.
Por lo anterior es imposible no esperar altos niveles de inconformidad. En teoría, el sistema político de una sociedad sirve justamente para canalizar las insatisfacciones de los sectores afectados y dar cauce a sus requerimientos y proyectos. Para nuestra desgracia, el sistema político mexicano ha perdido gran parte de su capacidad para cumplir dar salida a las expectativas de los sectores desprotegidos.
Con esto no quiero defender al viejo sistema priísta, al cual habría que atribuirle la responsabilidad de haber generado esta sociedad tan desigual, en primera instancia. Pero habría que reconocer que sus estrategias populistas, su oficio político y sus mecanismos de cooptación eran percibidas como válvulas de escape en momentos de confrontación. Ya se ha dicho, por ejemplo, que gobernadores como Ulises Ruiz, de Oaxaca, o Mario Marín, de Puebla, repudiados ambos por sus administraciones corruptas, ya habrían sido desechados en el viejo régimen. Hoy, en cambio, constituyen una fuente permanente de inestabilidad.
En este momento el sistema político mexicano no está procesando los conflictos sociales y políticos, o lo hace de manera por demás precaria. Desde casos complejos como Oaxaca o Atenco, hasta multitud de microexplosiones a todo lo largo del territorio nacional: vecinos que toman calles para exigir agua; comunidades agrarias que impugnan un despojo; obreros que buscan sacudirse un líder corrupto, más un largo etcétera. Ciertamente México ha experimentado avances democráticos en lo electoral. Pero tales avances significan muy poco para los más pobres, porque siguen experimentando en carne viva el sistema de “injusticia” y la persistencia de privilegios y abusos a lo largo de toda la estructura económica y política. Además, la sensación de fraude electoral que dejaron los comicios del 2006 en estos grupos, no hace sino incrementar la incredulidad y el hartazgo que acusan estos sectores sociales.
Todo lo anterior significa que la geografía mexicana tiene altas probabilidades de convertirse en un largo territorio minado, con multitud de microconflictos potenciales explotando de manera alternada, cada uno con su propia lógica. No es factible que al mediano plazo disminuya la pobreza, la desigualdad o la percepción de injusticia; tampoco es probable que el sistema político salga de su parálisis e inoperancia en el corto plazo. Dicho de otra manera, nos esperan muchos años de pequeñas y grandes explosiones de inconformidad, multitud de marchas, acciones desesperadas dictadas por la rabia y la desesperanza.
La pregunta de fondo es ¿qué vamos a hacer frente a ello? EPAN del Distrito Federal ha iniciado una campaña en contra de las marchas, con polémicos anuncios que llegan a acusar de asesinos a los manifestantes (hace unos años una persona murió en una ambulancia detenida por un embotellamiento). Es una táctica oportunista que busca el apoyo de los millones de capitalinos afectados por la locura insana de una ciudad con la vida cotidiana colapsada. Parecería formar parte de una estrategia panista para conquistar el Distrito Federal de una vez por todas (estrategia en la cual se incluiría el embate de Felipe Calderón de las últimas semanas en contra de Marcelo Ebrard).
Sin embargo, reprimir o cancelar las posibilidades de protesta de los inconformes equivale a jugar con fuego. El sistema no tiene solución para la mayoría de los problemas que motivan las protestas; pretender, además, que no “vengan a molestarnos” con sus quejas, implica cerrar todas las salidas posibles, salvo la violencia. El PAN capitalino exige un reglamento para que las marchas se limiten a ciertas zonas y horarios para que no afecten la vida de los demás. Pero justamente esa es la esencia de la protesta: presionar a la opinión pública como último recurso frente a la incapacidad o la infamia de autoridades e instituciones ante determinadas reivindicaciones o agravios. No son grupos que tengan poderosos abogados y redes de influencia para resolver su “agenda” a la manera en que lo hacen otros sectores sociales.
Esto no quiere decir que no puedan establecerse normas que faciliten el derecho a protestar tratando al mismo tiempo de salvaguardar el interés común. Lo peligroso de la propuesta panista es el espíritu que la anima: la descalificación al derecho mismo a expresar la inconformidad.
No hay manera de justificar los atentados en contra de las instalaciones de PEMEX que se adjudica el EPR. El daño a toda la sociedad en su conjunto es incalculable, incluyendo a sus sectores más desprotegidos. Son acciones con las que perdemos todos. Pero los grupos conservadores tendrían que asumir que no pueden mantener un doble discurso: una sociedad que genera pobreza y, al mismo tiempo, pretender que los pobres no existen. Establecer criterios para no tener que verlos u oírlos nos condena a un silencio hipócrita y aparente, que tarde o temprano será interrumpido por explosiones violentas de odio y desesperación. Por cada cien o cada mil marchistas reprimidos creamos un guerrillero o un terrorista al que hemos convencido que el sistema no tiene más posibilidades que ser destruido. No es una cuestión de aritmética o de multitudes; bastan unos cuantos dedicados a la subversión violenta para sembrar la inseguridad, desplomar las variables macroeconómicas y precipitar la ingobernabilidad.
No hay soluciones fáciles a la desigualdad e injusticia. Lo único que no podemos permitirnos es pretender que no existen. O hacemos algo con los pobres, o ellos terminarán haciendo algo el resto de la sociedad.
En la experiencia de Yucatán se puede decir que es representativo con relación a los procesos sociales y políticos actuales.
Por un lado, podemos estar de acuerdo que con los regímenes príistas encabezados por Victor Cervera Pacheco, el único gobernador que ha durado más de 6 años como lo establece la constitución, si bien no proporcionaba las garantías de un ejercicio político libre, en lo que se refiere a la administración del gobierno, fueron muchos beneficios los que disfrutaron en las zonas populares.
Sin embargo, con la administración de Patricio Patrón Laviada, ni las cosas fueron buenas desde el punto de vista de oficio político ni en la administración de gobierno. Se convirtió en un club donde solo fueron beneficiados unos cuantos, con negocios inconfensables, con el respectivo olvido de las causas populares.
Creo que la política, si bien esperamos una mejor administración de los recursos públicos, estos se deben orientar a la satisfacción de las necesidades más apremiantes de las clases populares. Lo único que se logra el no hacerlo, es fomentar la desigualdad económica y social que tanto daña al que no tiene. Es necesario recuperar el concepto de JUSTICIA SOCIAL, pero ahora entendido dentro de un marco de valores, libre de corrupción y muy pendiente de las prioridades sociales de los que menos tienen. Se gano en la sistematización de la administración pública, ahora es necesario trasladarlo a las causas populares.
Resulta curioso que los gobiernos panistas hoy se ufanan de mantener ahorros, lo que no está mal desde el punto de vista administrativo, pero en lo político, lo que menos debe hacer un gobierno es gastar lo menos, sino gastar más a favor de todos nosotros. No es dinero de ellos, sino de los mexicanos, que al fin y al cabo, se debe canalizar a los proyectos de desarrollo social y económico.
Con respecto al PRI, veo señales que esta sumido en un proceso de transición que lleva a ser más consciente de esta percepción social. Indudablemente preparan el camino para su regreso a la presidencia.
muy buen articulo
Sin medios de expresiòn no queda màs que plantarse en las calles para exigir cumplimiento de derechos que sòlo se mencionan en tiempos de campaña. La represiòn, doble moral y marginaciòn nos persiguen desde tiempos de la Colonia, y la historia nos dice que cada determinado tiempo, la sociedad mexicana explota contra el orden establecido, ante las condiciones en que èste la tiene. Tambièn tomemos en cuenta que ni todos los pobres son guerrilleros en potencia ni todos los subversivos provienen de niveles socioeconòmicos bajos…la historia nos lo dice.
Detràs de èstas expresiones de rebeldìa y descontento hay mucho dinero, sòlo me pregunto el dinero de quièn y para què, dada la natural tendencia a ocultar los verdaderos fines de los movimientos sociales, y màs en un paìs como Mèxico.
Su artìculo aporta interesantes elementos a èste tema, pero en mi ignorancia me hubiera gustado leer màs cuestionamientos respecto a quièn se beneficia màs con èste clima de inestabilidad social del paìs…¿Los grupos guerrilleros?…¿Las clases populares?…